«…cuando el político fatuo decide que se pasa por el forro de la forma más procaz las decisiones de los técnicos municipales, abre una tenebrosa expectativa que puede, o no, conducir al abismo el esfuerzo y la ilusión de los vecinos de Almansa. El disparate de apostar por desempolvar un imaginario revolver para jugar a la ruleta rusa con la seguridad de las Fiestas Mayores, ténganse los machos, es un síntoma evidente que el gobierno que preside la socialista Pilar Callado, va cuesta abajo y sin frenos…»
Luis BONETE Periodista. Copyright-2026
Cuando el político fatuo decide que se pasa por el forro de la forma más procaz las decisiones de los técnicos municipales, abre una tenebrosa expectativa que puede, o no, conducir al abismo el esfuerzo y la ilusión de los vecinos de Almansa. El disparate de apostar por desempolvar un imaginario revolver para jugar a la ruleta rusa con la seguridad de las Fiestas Mayores, ténganse los machos, es un síntoma evidente que el gobierno que preside la socialista Pilar Callado, va cuesta abajo y sin frenos.
La alcaldesa Pilar Callado y el concejal de Seguridad Javier Gimeno, se echan al monte y en una decisión que nadie en Almansa es capaz de comprender, desautorizan un pormenorizado informe técnico y, ensoberbecidos ambos, dan el visto bueno a menos de la mitad de los servicios que su propio Inspector-Jefe de Policía Local considera imprescindibles para garantizar la seguridad durante las Fiestas Mayores. En su lugar, artos de orgullo y prepotencia, manifiestan que se contrataran vigilantes privados. Una decisión que no es solo un error de gestión: es una grave temeridad.
Hay una regla de oro en el ejercicio del poder público que cualquier manual de administración local recoge y que la experiencia aconseja no ignorar jamás: cuando el técnico advierte, el político abre la oreja y escucha. No necesariamente para obedecer ciegamente, pero sí para ponderar, para justificar, para asumir con plena consciencia las consecuencias de apartarse del criterio experto. En Almansa, ese principio elemental como tantas otras cosas ha quedado reducido a papel mojado.
El Inspector-Jefe de la Policía Local de Almansa, José García —el mismo funcionario que en el acto de su toma de posesión reivindicó públicamente la importancia del apoyo institucional para hacer bien su trabajo—, ha elaborado informes técnicos estableciendo cuáles son las condiciones mínimas de seguridad que deben garantizarse durante los próximos días de Fiestas Mayores. Esos informes, fijan un número de servicios policiales por debajo del cual la cobertura de la vía pública no puede considerarse suficiente. A pesar de los reiterados avisos y de los informes del jefe de Policía Local advirtiendo de la falta de garantías, el gobierno de Pilar Callado decide pasárselos por el arco de triunfo y los ignora, uno tras otro.
Es importante que todos los almanseños conozcan, ya que desde Casa Grande se da carpetazo al asunto con el más ominoso de los silencios, que la decisión tomada por la alcaldesa y el concejal de Seguridad, Javier Gimeno, ha sido dar luz verde a menos del 50 por ciento de los servicios que la propia Jefatura de Policía considera necesarios para unas Fiestas Mayores con garantías de seguridad. Pero lo más sorprendente es que el déficit de servicios no se ha decidido cubrirlo reforzando la plantilla, negociando horas extraordinarias ni buscando fórmulas creativas dentro del marco de la función pública. Se ha cubierto —o más bien taponado— agárrense que viene curva, con vigilantes de seguridad privada, en una apuesta por la aritmética de la irresponsabilidad.
La matemática es aplastante y no admite matices favorables al equipo de Gobierno social-comunista: si el técnico responsable de la seguridad en Almansa dice que hacen falta tantos o cuantos servicios para cubrir con garantías la vía pública durante las Fiestas, y el político autoriza menos de la mitad, alguien está tomando una decisión que va más allá de la gestión ordinaria, y yo tengo más que claro quien es, ¿y usted que lee estas líneas? Está asumiendo un riesgo que no le corresponde asumir a él, sino que recae sobre cada almanseño que sale a la calle a disfrutar de sus fiestas patronales, declaradas de Interés Turístico Internacional.
No hace mucho el grupo Municipal del Partido Popular calificó de «temeraria» la gestión del equipo de Gobierno en materia de seguridad ciudadana, advirtiendo de que la ciudad está viviendo momentos de inseguridad como consecuencia de la grave falta de previsión y diálogo con los funcionarios de la Policía Local. Se podrá discrepar del partido que formula la denuncia —es legítimo—, pero el fondo del argumento es jurídicamente sólido e institucionalmente serio.
La pregunta que el primer gobierno municipal de socialistas y comunistas que ejerce el poder local tras la instauración de la democracia, no ha respondido es sencilla: ¿en qué criterio técnico, jurídico o presupuestario se basa la decisión de autorizar menos de la mitad de los servicios que la Jefatura considera mínimos? Porque si existe ese criterio alternativo, debería de hacerse público. Si no existe, estamos ante algo más grave que una mala decisión: estamos ante una decisión arbitraria que afecta directamente a la seguridad ciudadana.
Conviene recordar lo que parece haberse olvidado en la planta noble de Casa Grande: un vigilante de seguridad privada no tiene potestad de autoridad pública. No puede identificar personas, no puede inmovilizar a un infractor, no puede levantar atestados, no puede actuar en situaciones de orden público con las mismas garantías legales que un agente uniformado. Puede disuadir, puede avisar, puede gestionar accesos controlados. Pero no puede sustituir a la Policía Local en sus funciones esenciales sobre la vía pública.
La Policía Local existe precisamente como herramienta fundamental para garantizar el libre ejercicio de las libertades y derechos fundamentales de las personas, la seguridad ciudadana y la armónica convivencia entre todos los ciudadanos. Esa función tiene un soporte normativo, una cadena de mando y una responsabilidad institucional que no pueden transferirse a una empresa privada mediante un contrato de servicios.
Según denuncia la oposición, esta situación se ha repetido en importantes eventos de la ciudad, con un gasto que supera ya ampliamente los 21.000 euros en seguridad privada, costeado con el dinero de los vecinos, en lo que consideran una externalización de competencias exclusivas del Ayuntamiento que compromete la seguridad ciudadana. El dinero gastado en parches habría bastado, en buena parte, para financiar los servicios extraordinarios que la Jefatura reclamaba.
El origen de este problema es un conflicto mal gestionado desde el inicio del actual mandato. Alguien en el equipo de Gobierno decidió que tras la jubilación de Federico Gómez había que atar en corto a la policía. De ahí se deriva que la tensión entre la plantilla de la Policía Local y el Ayuntamiento lleva tres años enquistada, sin que las negociaciones hayan llegado a buen puerto. El conflicto tiene numerosas aristas en las que ambas partes pueden esgrimir argumentos. Pero lo que no admite discusión es la secuencia de consecuencias: el gobierno municipal, con su visible torpeza, no ha resuelto el conflicto, y ante esa incapacidad, ha decidido que quien debe de pagar precio por su incapacidad y borriquera sea la ciudadanía, con una seguridad recortada a la mitad de lo que los propios expertos consideran suficiente.
Hay que subrayar que no ha sido el equipo de Gobierno, sino el esfuerzo, la responsabilidad y la profesionalidad de los propios agentes de Policía Local, lo que ha permitido que actos multitudinarios como las Fiestas Mayores, la Romería o la Conmemoración del Aniversario de la Batalla de Almansa en anteriores ediciones se hayan celebrado con absoluta normalidad y sin incidentes, añadiendo que sin el compromiso y la vocación de servicio de esos agentes, estaríamos hablando de un escenario muy distinto.
Dicho de otro modo: si hasta ahora no ha pasado nada grave, no ha sido gracias a la gestión del equipo de Gobierno social-comunista. Ha sido a pesar de ella.
En derecho administrativo existe el principio de precaución: cuando existe incertidumbre sobre las consecuencias de una decisión que afecta a la seguridad o la salud pública, el gobernante debe actuar con cautela y priorizar la protección. Una Jefatura de Policía que advierte por escrito de que los servicios autorizados no alcanzan los mínimos necesarios está, precisamente, activando ese principio. El gobierno municipal, al ignorarlo, asume una responsabilidad que va más allá de lo político. Pero da la impresión que ni conoce ni padece.
Si durante estas próximas Fiestas Mayores ocurriera algún incidente grave en una zona que debería haber estado cubierta por agentes de la Policía Local y no lo estaba —o estaba cubierta por vigilantes privados sin competencia legal para actuar— las preguntas sobre responsabilidades institucionales no van a ser nada cómodas de responder. A lo mejor…, alguien tendría que marcharse precipitadamente a su casa. Los informes de la Jefatura estarán ahí. Las actas de las decisiones también.
Sirva esta exposición de motivos para exigir a Pilar Callado y a sus concejales que cesen en su actitud, que rectifiquen, se sienten a negociar con la plantilla policial y dejen de jugar al gato y al ratón con la seguridad de Almansa, antes de que haya que lamentar una desgracia.
Es una advertencia que, guste o no quien la formula, merece ser escuchada. Porque en materia de seguridad ciudadana, cuando el técnico advierte y el político no escucha, la historia acaba casi siempre con alguien teniendo que rendir cuentas. Y eso, en Almansa, aún está a tiempo de evitarse.
Arrieros somos….
CSIF advierte que el recorte del dispositivo policial del Ayuntamiento de Almansa pone en riesgo la seguridad de las Fiestas Mayores
-El sindicato denuncia que el Consistorio ha autorizado menos del 50% de los servicios extraordinarios recomendados por la Jefatura de Policía, ignorando los criterios técnicos de seguridad.
CSIF. abril de 2026
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) advierte que la reducción del dispositivo policial planteada por el Ayuntamiento de Almansa de cara a las Fiestas Mayores, que se celebrarán del 30 de abril al 6 de mayo, compromete la seguridad de un evento multitudinario que cada año reúne a miles de personas en la localidad albaceteña y pide al equipo de Gobierno que reconsidere su postura.
CSIF lamenta que el Consistorio almanseño desoiga incluso los criterios técnicos establecidos por la Jefatura de la Policía Local, que establecía los servicios extraordinarios necesarios para garantizar unas condiciones mínimas de seguridad durante los eventos festivos, teniendo en cuenta además que la plantilla actual es inferior a la del pasado año.
Sin embargo, desde la Concejalía de Seguridad se ha decidido autorizar menos del 50% de estos servicios, una medida que el sindicato considera claramente insuficiente ante una planificación que reduce la capacidad de prevención, control y respuesta ante incidencias en unas Fiestas Mayores de gran afluencia, afectando directamente a la seguridad ciudadana.
La propia plantilla, pese a su plena disposición, ha trasladado a CSIF su intención de no realizar servicios extraordinarios mientras no se garantice un dispositivo seguro y eficaz, respetando el criterio técnico del Inspector Jefe como responsable operativo de la seguridad en Almansa. No se trata de una negativa a colaborar, sino de una decisión responsable en defensa de la seguridad de los agentes y de la ciudadanía, e instan al equipo de gobierno a reconsiderar la planificación atendiendo al criterio técnico policial.
Es más, la Central Sindical y la propia plantilla policial no entiende por qué se ignora la valoración del responsable técnico del dispositivo, que es quien determina las necesidades reales del dispositivo de seguridad.
Asimismo, CSIF denuncia que la intención del Ayuntamiento es llevar a cabo la cobertura de la vía pública durante las fiestas con seguridad privada en lugar de reforzar la Policía Local, una decisión que debilita este servicio público fundamental y reduce su papel en la protección de la ciudadanía.
«…, el Ayuntamiento de Almansa financia con un inmueble, suelo público y fondos municipales una infraestructura educativa cuya titularidad, gestión y responsabilidad legal corresponde exclusivamente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Almansa necesita un nuevo Conservatorio de Música. Nadie lo discute. Pero lo que sí merece un escrutinio riguroso es quién debe construirlo, quién debe pagarlo y, sobre todo, por qué un Ayuntamiento de una ciudad como Almansa que no alcanza los 25.000 habitantes se ha visto presionado a asumir una carga económica y patrimonial que la ley reserva expresamente a la Comunidad Autónoma. La respuesta a esas preguntas revela un problema estructural en el modelo de financiación de la educación pública en Castilla-La Mancha que no puede ni debe de seguir siendo ignorado…»
Luis BONETE. Periodista Copyright-2026
Almansa necesita un nuevo Conservatorio de Música. Nadie lo discute. Pero lo que sí merece un escrutinio riguroso es quién debe construirlo, quién debe pagarlo y, sobre todo, por qué un Ayuntamiento de una ciudad como Almansa que no alcanza los 25.000 habitantes se ha visto presionado a asumir una carga económica y patrimonial que la ley reserva expresamente a la Comunidad Autónoma. La respuesta a esas preguntas revela un problema estructural en el modelo de financiación de la educación pública en Castilla-La Mancha que no puede ni debe de seguir siendo ignorado.
Por si alguien que lea estas letras a estas alturas no lo sabe o conoce, la ley es meridianamente clara: Educación es competencia autonómica.
No hace falta ser jurista para entender el reparto competencial en materia de educación en España. El artículo 148.1.17 de la Constitución Española, desarrollado por el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y la Ley Orgánica de Educación, atribuye a las comunidades autónomas la plena responsabilidad sobre la programación, construcción, mantenimiento y financiación de los centros de enseñanzas de régimen especial, categoría en la que se encuadran los conservatorios de música. Llegada la hora en la que parece que el Gobierno regional ha decidido desbloquear el tema del Conservatorio, también es el momento de quitarse la careta: la Junta de Comunidades no nos hace ningún favor, no es Papa Noël, y tampoco es una entidad colaboradora en este asunto: es la titular de la obligación. Que no quede una sola duda sobre lo dicho anteriormente.
Sin embargo, lo que estamos presenciando en Almansa contradice frontalmente este principio. El Consistorio local no solo tuvo que ceder al chantaje del gobierno regional y regalar suelo de su patrimonio municipal —un bien público adquirido con 250.000 euros provenientes del esfuerzo fiscal de todos los vecinos— sino que además se le exigió la cesión del edificio de propiedad municipal. Todo ello supuso una aportación económica directa de 800.000 euros para financiar esa obra en el año 2020. Una construcción que, en estricta legalidad y en elemental justicia, debería correr íntegramente a cargo de Toledo. Pero la cosa no termina aquí, en 2026 se anuncia por parte del equipo de Gobierno PSOE-IU que, debido a la suspensión de las obras por parte de la empresa anterior por sobrecostes, ahora se retoma el proyecto, eso sí, con la obligación de que todos los vecinos nos rasquemos, de nuevo, el bolsillo y pongamos encima del tapete 1,7 millones de euros; o es de esa forma…, o no hay Conservatorio. Esto no es colaboración interinstitucional; es chantaje, es una transferencia encubierta de costes de la administración regional a la local. O pagas, o los almanseños siguen estudiando en en los locales del Dómine Cabra.
La cesión de terrenos municipales para la construcción del nuevo Conservatorio no es un gesto menor, es un regalo sin retorno. El suelo en cualquier municipio tiene un valor económico real, contabilizable, que integra el patrimonio público. Cederlo gratuitamente a otra administración —que además es económicamente más poderosa, con una hacienda autonómica incomparablemente mayor que la municipal— supone empobrecimiento objetivo del erario local sin contrapartida alguna.
En este tema, siempre me ha picado la curiosidad y varias preguntas me bullen en las entretelas. ¿Ha sometido el Ayuntamiento esta cesión a un proceso transparente de valoración pericial independiente? ¿Existe algún mecanismo de reversión del inmueble si el proyecto (como ya ha ocurrido con anterioridad) no se ejecuta en los plazos comprometidos o si el Conservatorio cierra en el futuro? Son preguntas legítimas que el equipo de Gobierno tiene la obligación de responder ante sus vecinos, no ante la consejería de Educación.
Parece mentira, pero entre los ediles que lleva las riendas del municipio, ya sea por convencimiento, por peloteo o por resignación, hay quienes defienden este modelo y se les cae la baba al argumentar que se trata de «colaboración institucional con el presidente Page» y que, sin la implicación del Ayuntamiento, el proyecto no sería viable. Este argumento, lejos de tranquilizarnos, debería de escandalizarnos y alarmarnos profundamente. Si la Junta de Comunidades no puede construir un Conservatorio en Almansa sin que el municipio aporte 2,5 millones de euros, entre terrenos, lana y edificio, estamos ante una confesión implícita de incapacidad financiera o de dejación de funciones por parte del gobierno regional.
La realidad política es más descarnada: los ayuntamientos pequeños y medianos se encuentran en una posición de debilidad estructural frente a las comunidades autónomas. Dependen de transferencias regionales para muchas de sus políticas. El Consistorio almanseño sabe que rechazar las condiciones impuestas por la consejería de Educación significaría, en la práctica, perder el proyecto. Y perder el proyecto tiene un coste político local que ningún alcalde quiere pagar. Pilar Callado la que menos. El resultado es un trágala, un trampantojo de negociación que no es tal: quienes ocupan hoy el espacio del antiguo hogar de los condes de Cirat aceptan lo que le Page les pone encima de la mesa porque la alternativa es quedarse sin Conservatorio. O Tody o nada.
Lo que ocurre en Almansa no es un caso aislado. Es el espejo de una tendencia que se repite en numerosas localidades de Castilla-La Mancha y del conjunto de España: la Administración autonómica, que tiene la competencia y los recursos fiscales derivados de ella, traslada progresivamente los costes de infraestructuras educativas a los ayuntamientos, que carecen de esa competencia pero que, paradójicamente, acaban financiándola.
Si Almansa acepta estas condiciones sin cuestionarlas públicamente, estará legitimando un modelo que otros municipios de la región sufrirán mañana. La solidaridad intermunicipal, en este caso, pasa por alzar la voz y exigir que la Junta asuma íntegramente lo que la ley le encomienda. No por obstruccionismo, sino por principio democrático.
Desde mi punto de vista, antes de que el Ayuntamiento de Almansa firme ningún convenio, el Pleno municipal tiene la responsabilidad —y los ciudadanos, el derecho— de obtener respuestas claras a las siguientes cuestiones:
¿Cuál es la valoración pericial independiente de los terrenos que se ceden? ¿Quién ha realizado esa tasación y con qué metodología?
¿Qué cantidad exacta, al céntimo, aporta el Ayuntamiento en metálico? ¿De qué partida presupuestaria u operación financiera procede y qué otras necesidades municipales se posponen por ello?
¿Existe cláusula de reversión del suelo si el proyecto no se ejecuta o si el Conservatorio deja de funcionar en el futuro?
¿Ha explorado el Ayuntamiento la posibilidad de negarse a aportar más dinero, exigiendo a la Junta que asuma íntegramente el proyecto?
¿Se ha consultado con la Federación Española de Municipios y Provincias o con otros ayuntamientos en situación similar para articular una posición común frente a la Comunidad Autónoma?
En caso de aceptar el Convenio, ¿se publicará con luz y taquígrafos el calendario concreto de ejecución de las obras con compromisos vinculantes y penalizaciones en caso de incumplimiento por parte de la Junta?
Almansa merece el Conservatorio. Y merece también la verdad.
Nadie en esta ciudad discute la necesidad de unas instalaciones dignas para la enseñanza musical. El Conservatorio Profesional de Música de Almansa lleva años trabajando en condiciones de precariedad que no hacen justicia ni a su alumnado ni a su profesorado. La inversión es necesaria, urgente y moralmente ineludible.
Pero necesidad no puede ser sinónimo de resignación. Que Almansa necesite el Conservatorio no significa que deba aceptar cualquier condición, por abusiva que sea, para conseguirlo. La ciudadanía tiene derecho a saber exactamente cuánto le cuesta este proyecto a su municipio —en terrenos, en euros, en oportunidades no aprovechadas— y tiene derecho a exigir que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cumpla, de una vez, con las obligaciones que la ley le asigna sin trasladar esa carga a quienes menos capacidad tienen para asumirla.
La música, como la democracia, no funciona cuando hay quien toca y quien paga, pero solo uno de los dos se lleva el mérito. Almansa lo sabe. Es hora de que Toledo también lo aprenda.
«.., que a Pilar Callado no le conmueve la Semana Santa de Almansa lo sabemos desde hace bastante tiempo. Lo que ya resulta difícil de admitir es que esa indiferencia personal la haya conducido hasta el terreno de la política municipal. Que sus propios prejuicios ideológicos —y los de sus socios de IU, desvinculados estatutariamente de todo lo que huela a cera, incienso o religión— y que la sostienen en el poder, se traduzcan en un abandono deliberado y palmario de las dos hermandades de esta ciudad, es algo que los almanseños no deberían seguir aceptando en silencio. Pero ya se sabe…, Almansa es territorio comanche…»
Luis BONETE Periodista. Copyright-2026
Que a Pilar Callado no le conmueve la Semana Santa de Almansa lo sabemos desde hace bastante tiempo. Lo que ya resulta difícil de admitir es que esa indiferencia personal la haya conducido hasta el terreno de la política municipal. Que sus propios prejuicios ideológicos —y los de sus socios de IU, desvinculados estatutariamente de todo lo que huela a cera, incienso o religión— y que la sostienen en el poder, se traduzcan en un abandono deliberado y palmario de las dos hermandades de esta ciudad, es algo que los almanseños no deberían seguir aceptando en silencio. Pero ya se sabe…, Almansa es territorio comanche.
Dos hermandades: Medinaceli y Jesús de la Paz. Las dos que Almansa tiene. Las que cada año sacan a la calle a sus cofrades, voluntarios, músicos y familias que, sin ser sevillanas o murcianas, por citar algunas, sí llevan generaciones vinculadas espiritualmente a esta tradición. Son estos vecinos, los que mantienen vivo (de forma humilde) un patrimonio cultural, artístico y sentimental que pertenece a todos los almanseños —creyentes o no—, y que con cada paso que procesiona por nuestras calles habla de quiénes somos y de dónde venimos. Y esas dos hermandades sobreviven, año tras año, gracias al esfuerzo sobrehumano de sus hermanos y hermanas, no gracias a su alcaldesa que, sostenida por sus socios comunistas de IU, lleva tres años dejando morir de inanición económica a las dos hermandades de la ciudad mientras ella brilla por su ausencia en las calles.
He dicho un poco más arriba que Almansa es “territorio comanche”, y lo mantengo. Las subvenciones municipales que reciben Medinaceli y Jesús de la Paz son ridículas, una auténtica vergüenza. Una cifra irrisoria, testimonial, que parece calculada para que nadie pueda acusar al equipo de Gobierno social-comunista de ignorarlas del todo, pero que en la práctica no sirven para nada. Con el estipendio que mana del presupuesto municipal no se pagan carpinteros, no se pagan electricistas, flores, no se restauran los pasos, no se cubre la banda de música, no se mantienen las indumentarias religiosas de los titulares, joyas artesanales de incalculable valor. Mientras tanto, este equipo de Gobierno —PSOE e IU— encuentra presupuesto para otras iniciativas. Siempre lo encuentra. Solo cuando se trata de las hermandades, de repente, las arcas están vacías.
No hay que solicitar a Pilar Callado que rece. Para nada. Se le recuerda, eso sí, que gobierne para todos. Y gobernar para todos, pasa obligatoriamente por respetar lo que miles de almanseños consideran sagrado, la tradición religiosa recibida de sus mayores y que ella, ensoberbecida y siempre muy bien acicalada, parece ignorar.
Estoy completamente seguro que Pilar Callado leerá estas líneas, y por esa razón quiero hoy, desde la templanza y la frialdad que otorga el paso del tiempo desde la finalización de los días pasionales, recordarle que hay algo que duele más que su cicatería a la hora de la distribución del dinero público. Hay algo que resulta más hiriente que cualquier partida presupuestaria rácana. Y es la ausencia. La ausencia física, deliberada y sistemática de la alcaldesa de Almansa en las procesiones de su ciudad. Porque mientras Pilar Callado guarda una distancia estudiada de los pasos y los nazarenos, varios concejales del Partido Popular —que forman parte del mismo consistorio que ella preside— sí están en la calle. Sí acompañan a las hermandades. Sí entienden que un cargo público tiene la obligación, cuando menos, de respetar con su presencia lo que sus vecinos sienten con el alma.
¿Qué excusa sirve ya? ¿La agenda? Una alcaldesa que tiene tiempo para todo tiene tiempo para caminar unos metros junto a su ciudad. ¿Las convicciones personales? Nadie le pide que comulgue. Nadie le pide que se arrodille. Le pedimos que aparezca. Que esté. Que demuestre, aunque sea un mínimo de respeto institucional hacia una tradición que en Almansa no es un asunto menor: es parte de la médula de esta comunidad. Pero Pilar Callado no aparece. Y su ausencia en los actos de Semana Santa, año tras año, ya no es un descuido: es un mensaje.
En este sentido es incuestionable la hipocresía en la que incurre la regidora almanseña los días cinco y seis de mayo cuando ufana, ataviada de teja con mantilla y con un ramo de flores, un día, y medalla dorada al pecho, cara circunspecta, traje de luto y medalla al pecho, otro, pasea las calles del pueblo rindiendo pleitesía a la reina de Almansa; esos días sí, ¿eh Pilar? esas procesiones con eminente carga religiosa sí se las echas al coleto y traga. Todos sabemos la finalidad de semejante gesto.
Un mensaje, el de sus ausencias semana santeras que sus socios comunistas de IU sin duda aplauden desde la comodidad de su anticlericalismo de pandereta, ese que confunde laicidad con hostilidad hacia todo lo que huela a tradición religiosa popular. Porque la laicidad real no desprecia las manifestaciones culturales y religiosas de la mayoría de sus ciudadanos: simplemente no las impone. Lo que hace este gobierno social-comunista en Almansa no es laicidad: es sectarismo presupuestario.
Las hermandades de Almansa no piden privilegios. No piden que el Ayuntamiento financie su fe. Piden lo que cualquier entidad cultural, social o deportiva de esta ciudad recibe sin mayor discusión: un apoyo razonable a una actividad que moviliza recursos, genera economía local, preserva el patrimonio y llena las calles de vida. Piden, simplemente, que se les trate con la misma dignidad que a los demás.
Y piden que su alcaldesa, al menos una vez, sea capaz de salir a la calle y mirar a los ojos a quienes, con sus impuestos, le pagan el sueldo.
Pilar Callado da la impresión de situarse por encima del bien y del mal y olvida, como numerosos políticos de derechas e izquierdas, que Almansa tiene memoria larga. Los almanseños saben muy bien quién estuvo con ellos cuando las velas titilaban e iluminaban las calles, y quién prefirió quedarse en casa. Y cuando llegue el momento de rendir cuentas en las urnas, ese recuerdo no se borrará con ningún discurso.
Llegados a este punto cabe preguntarse: ¿qué mensaje lanza quien preside el Ayuntamiento cuando evita sistemáticamente estos actos? No se trata de exigir que nadie finja una devoción que no siente. Nadie pide eso. Se trata de algo mucho más básico: el respeto institucional. La misma alcaldesa que acude a inauguraciones de cualquier tipo, que preside actos deportivos, culturales o festivos de toda índole, parece encontrar siempre un impedimento cuando llega la Semana Santa.
La religiosidad popular no es propiedad de ningún partido. Las procesiones no votan. Los nazarenos no llevan carné político. Unas hermandades que convocan en las calles a pocas o muchas personas, merecen algo más que la indiferencia de quien gobierna desde Casa Grande.
En tiempos en que la brecha entre la política y la ciudadanía se agranda por momentos, los gestos pequeños importan. Caminar junto a los tuyos, aunque no comulgues con todo lo que representan, es un gesto de respeto. Y el respeto, señora alcaldesa, no entiende de ideologías: es simplemente lo mínimo que se le debe a una comunidad que le confió su voto.
Medinaceli y Jesús de la Paz seguirán procesionando. Con o sin subvención suficiente. Con o sin la presencia de quien debería encabezar el orgullo local. Pero los vecinos tienen memoria. Y en cada paso que avanzan sin el amparo de quien debe de otorgarlo por carta de naturaleza, la distancia entre la alcaldesa y su ciudad se hace un poco más grande.
«…, hay una España que no sale en los informes ministeriales. Es la España de los domingos en los que una hija cancela sus planes porque no hay relevo. La de las noches en vela junto a un padre con Alzheimer avanzado. La del cuidador que lleva tres años sin vacaciones porque la administración pública concede 400 euros al mes de ayuda -cuando los concede- para costear una enfermedad que vale diez veces más…»
Luis BONETE. Periodista Copyright-2026
Imagen de la web oficial de AFA Almansa
Hay una España que no sale en los informes ministeriales. Es la España de los domingos en los que una hija cancela sus planes porque no hay relevo. La de las noches en vela junto a un padre con Alzheimer avanzado. La del cuidador que lleva tres años sin vacaciones porque la administración pública concede 400 euros al mes de ayuda -cuando los concede- para costear una enfermedad que vale diez veces más.
Esta es la historia de un abandono sistemático, calculado, por lo tanto, no accidental. Un modelo en el que el Estado ha decidido -con datos, con presupuestos, con silencio- que ciertas enfermedades no merecen el mismo esfuerzo público que otras.
El mecanismo es siempre el mismo. Una asociación de familiares -de Parkinson, de Alzheimer, de enfermedad mental grave- se constituye porque no queda otra. Sus fundadores son personas que han chocado contra el muro del sistema y han decidido organizarse. Consiguen una sede en precario, lanzan programas de atención, forman voluntarios, contratan a algún psicólogo con media jornada. Y entonces llega la subvención institucional.
Tres mil euros. O cinco mil. En algunos casos, si la asociación tiene buenos contactos y presenta la memoria correctamente, llega a quince mil. Para atender a cientos de familias durante doce meses. La institución rubrica el convenio, emite una nota de prensa sobre su compromiso con los más vulnerables, y ya ha cumplido.
“…nos llaman socios estratégicos en los discursos. En los presupuestos somos una partida residual. Con lo que nos dan apenas cubrimos el alquiler de la sede donde hacemos los talleres…”, comenta un responsable de una de estas asaciones almanseñas.
La cansina retórica institucional ha encontrado en el modelo comunitario una coartada perfecta. El discurso sobre des institucionalizar -nacido de una crítica legitima a los manicomios del siglo XX- ha sido vaciado de contenido y reconvertido en argumento para no invertir. Cerrar los centros de larga estancia sin construir alternativas reales no es progreso: es abandonar a los enfermos a su suerte, eso sí, acompañados de una buena prensa.
Es una vergüenza. En la España del s.XXI hay menos psiquiatras por habitante que la media europea. Las camas de hospitalización psiquiátrica se han ido reduciendo de forma sostenida. Los centros de salud mental comunitaria están saturados. Y el Parkinson, el Alzheimer y las demencias ni siquiera disponen de un modelo de atención especifico garantizado por ley en la mayoría de comunidades autónomas.
El cuidador invisible
Hay figuras esenciales en el sistema de cuidados que, paradójicamente, apenas existen en el relato público. El llamado “cuidador invisible” —casi siempre un familiar— sostiene en silencio una parte crítica de la atención a personas con enfermedades crónicas, dependencia o deterioro cognitivo. No figura en plantillas, no cobra nóminas y rara vez aparece en estadísticas con el peso que realmente tiene. Sin embargo, sin él, el sistema colapsaría.
Su jornada no tiene horarios. Empieza antes de que el día comience y se alarga más allá de la noche. Administrar medicación, asistir en la higiene, supervisar la alimentación, gestionar citas médicas, contener crisis emocionales… tareas que, sumadas, configuran una dedicación total. En enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson avanzado, el cuidado no es solo físico, sino también psicológico: implica convivir con la pérdida progresiva de la persona conocida.
El coste personal de esta entrega es profundo. Muchos cuidadores renuncian a su vida laboral o reducen drásticamente su actividad profesional. Esto se traduce en menor independencia económica, cotizaciones insuficientes y, a largo plazo, pensiones más bajas. A la renuncia económica se suma la social: el aislamiento es frecuente, las relaciones se deterioran y el tiempo propio se convierte en un lujo casi inexistente.
Pero hay una dimensión aún más preocupante: la salud del propio cuidador. La sobrecarga física —levantar, movilizar, asistir— provoca lesiones musculares y fatiga crónica. A esto se añade el desgaste emocional: ansiedad, depresión, sensación de culpa constante por “no hacer suficiente” y un duelo anticipado que se prolonga durante años. No es raro que el cuidador termine convirtiéndose también en paciente, atrapado en un sistema que no prevé su vulnerabilidad.
Este fenómeno tiene un nombre en el ámbito sanitario: “síndrome del cuidador quemado”. Y no es una excepción, sino una consecuencia previsible de una estructura que descansa excesivamente en el ámbito familiar sin proporcionar apoyos suficientes. La falta de respiro —servicios temporales que permitan al cuidador descansar— agrava el problema. Sin pausas, sin relevo, el agotamiento se vuelve estructural.
La Ley de Dependencia, aprobada en 2006 con gran fanfarria, prometía resolver exactamente esto. Veinte años después, las listas de espera para una valoración superan los doce meses en muchas comunidades. Las prestaciones, cuando llegan, cubren una fracción del coste real.
Lo que debería ocurrir y no ocurre
Que las asociaciones de enfermos existan y trabajen es admirable. Que el Estado las necesite para cubrir funciones que son suyas es una vergüenza. La diferencia no es semántica: en el primer caso tenemos sociedad civil vibrante; en el segundo, tenemos dejación de funciones institucionalizada y financiada con cuatro migajas para que nadie pueda decir que no se hace nada.
Varios países europeos garantizan diagnóstico temprano accesible, equipos multidisciplinares integrados en atención primaria, plazas residenciales públicas a precio regulado y respiro para el cuidador como derecho reconocido. Lo que falta en España no es tecnología ni conocimiento: es voluntad política para reconocer que ciertos enfermos han sido clasificados, implícitamente, como un problema que puede esperar. Pueden esperar porque no votan en bloque. Porque sus familias están demasiado agotadas para protestar.
Mientras esto se escribe, en algún centro de salud mental hay una lista de espera de ocho meses para una primera consulta de psiquiatría. En alguna asociación de Alzheimer, una voluntaria de 71 años está dando el desayuno a tres enfermos porque la cuidadora profesional no ha podido venir. Y en algún despacho institucional, alguien prepara la nota de prensa del próximo convenio de colaboración.
Lo más inquietante es que esta figura sigue siendo tratada como un recurso implícito, casi inagotable. Las políticas públicas la mencionan, pero rara vez la sitúan en el centro. Se ofrecen cursos, algunas ayudas, programas de apoyo psicológico… pero de nuevo, insuficientes frente a la magnitud del problema.
Reconocer al cuidador invisible no es solo nombrarlo, sino integrarlo en el sistema: con derechos, con protección, con apoyo real. Porque cuidar también debería ser cuidado. Y mientras eso no ocurra, seguiremos sosteniendo una red esencial sobre los hombros de quienes, silenciosamente, se van rompiendo.
Como colofón y un mínimo ejemplo del derroche estatal, señalar que los datos más completos y recientes sobre la partida de asesores autonómicos (personal de confianza que entra y sale de sus regalías según el color del gobierno de turno) y que provienen del análisis de Newtral (julio 2024) que revisó la información publicada por 14 gobiernos autonómicos y las dos ciudades autónomas (Galicia, País Vasco y Asturias, no declararon sus asesores) confirma la plena vigencia de 804 asesores (ahora serán más) a razón de 46.817 euros/año de media; lo que supone un gasto de 37,6 millones de euros. Si a estas personas sumamos los funcionarios, laborales, interinos personales estatutario, etc., etc. el gasto anual de las CC.AA. supera los 105 millones de euros. La estimación del gasto anual en asesores en el gobierno de Castilla‑La Mancha, es la siguiente: 124 asesores a razón de 46.817 euros de sueldo medio anual, total: 5,8 millones de euros.
Mientras tanto, la lista de espera para una plaza en una residencia pública en Almansa es: Grado III (gran dependencia), entre tres y nueve meses. Grado II (dependencia severa) seis a 12 meses y Grado I (dependencia moderada) entre 12 y 18 meses.
Mens sana in corpore sano
Cuando el político fatuo decide que se pasa por el forro de la forma más procaz las decisiones de los técnicos municipales, abre una tenebrosa expectativa que puede, o no, conducir al abismo el esfuerzo y la ilusión de los vecinos de Almansa. El disparate de apostar por desempolvar un imaginario revolver para jugar a la ruleta rusa con la seguridad de las Fiestas Mayores, ténganse los machos, es un síntoma evidente que el gobierno que preside la socialista Pilar Callado, va cuesta abajo y sin frenos.
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