DEL BAZAR A LA BARBERÍA…, SEGUIMOS PARA BINGO

«…, en los últimos años, el paisaje comercial de los barrios populares de las ciudades españolas ha experimentado una transformación visible y rápida: donde antes había una ferretería, una mercería o una tienda de ropa de toda la vida, hoy proliferan barberías de gestión inmigrante, especialmente en manos de ciudadanos marroquíes, paquistaníes e indios. Este fenómeno no es exclusivo de las grandes urbes; se extiende con creciente intensidad a ciudades medianas y localidades con notable presencia de población inmigrante y Almansa no es ajena a este fenómeno…»

Luis BONETE Periodista. Copyright-2026

En los últimos años, el paisaje comercial de los barrios populares de las ciudades españolas ha experimentado una transformación visible y rápida: donde antes había una ferretería, una mercería o una tienda de ropa de toda la vida, hoy proliferan barberías de gestión inmigrante, especialmente en manos de ciudadanos marroquíes, paquistaníes e indios. Este fenómeno no es exclusivo de las grandes urbes; se extiende con creciente intensidad a ciudades medianas y localidades con notable presencia de población inmigrante y Almansa no es ajena a este fenómeno.

El mercado de barberías en España está experimentando un crecimiento sostenido del 4-5 por ciento anual, consolidándose como uno de los sectores más dinámicos dentro del sector del cuidado personal masculino. En mayo de 2025, según datos oficiales, se contabilizaban 5.128 barberías registradas, con especial concentración en Cataluña y Andalucía. Una parte significativa de este crecimiento se explica precisamente por la llegada de emprendedores inmigrantes que han encontrado en la barbería un punto de entrada asequible al mercado laboral autónomo.

Las razones que explican esta preferencia son múltiples. La inversión inicial es relativamente baja comparada con otros negocios, no se requiere un local de grandes dimensiones, y la demanda es constante e independiente de las estaciones. Además, muchos de estos emprendedores traen consigo una larga tradición cultural de la barbería, especialmente en el caso de los marroquíes y paquistaníes, donde el berber o el barbero de barrio es una figura social arraigada. La ayuda mutua dentro de la comunidad —en particular entre los pakistaníes, muchos de ellos procedentes de la zona del Punjab— es uno de los factores que ha impulsado la proliferación de estos establecimientos, con redes de apoyo que facilitan información, financiación informal, traspaso de locales entre conocidos y orientación sobre trámites administrativos.

El elemento más disruptivo de estas barberías no es tanto su origen étnico (que para cierta parte del ciudadano lo es) como su modelo de precios. Frente a los 12-18 euros por un corte de pelo, los 15-22 euros del corte más el lavado, los 8-15 euros del arreglo de barba con perfilado a navaja, y los 15-25 euros del afeitado a navaja y toalla caliente que aproximadamente cobra habitualmente una barbería convencional española, muchos de estos establecimientos ofrecen el mismo servicio —o uno percibido como equivalente— por entre 5-8 y 10 euros. Este diferencial ha captado rápidamente a un amplio segmento de clientela masculina, especialmente jóvenes y trabajadores con presupuesto ajustado.

El modelo low cost en peluquería se sustenta en tres pilares: un público atraído por el precio, productos de bajo coste y condiciones laborales muy precarias para los trabajadores. Las asociaciones del sector han alertado de que una mayor regulación protegería por igual al profesional de la competencia desleal y al cliente.

La lógica de los números es difícil de sostener sin recurrir a economías sumergidas o a condiciones laborales irregulares. Según representantes del sector, la economía sumergida alcanza el 20 por ciento del total del sector. Un corte de caballero a 8 euros en 40 minutos equivale a facturar 12 euros la hora, cuando el solo coste laboral conforme a convenio supera los 11 euros, sin contar el resto de gastos del local. Esto hace matemáticamente inviable un modelo legal a esos precios sin recurrir al empleo no declarado o a jornadas abusivas.

En algunos casos se han detectado vínculos entre estas cadenas de bajo coste y actividades de blanqueo de capitales. Los trabajadores rara vez se atreven a denunciar y las inspecciones de trabajo tienen escasa repercusión práctica.

El sector de la peluquería y barbería convencional español lleva años en una situación delicada, agravada por la pandemia, la subida del IVA al 21 por ciento y el incremento de los costes energéticos. Un estudio sectorial refleja una pérdida media anual de facturación del 26 por ciento en los tres años anteriores a 2023, con destrucción de empleo eminentemente femenino, y la aparición de una economía sumergida que compite de forma desleal.

El presidente del Consejo Nacional de Empresas de Peluquería y Estética de España (Conepe) ha advertido de que los establecimientos low cost ofrecen servicios «deficientes» que pueden llegar a ser perjudiciales para la salud. La situación es tan delicada que se reciben currículos de peluqueros que confiesan haber trabajado sin alta en la Seguridad Social ante la falta de oportunidades en el mercado regulado.

La queja del gremio no apunta solo a la competencia extranjera, sino a un modelo de negocio que, independientemente del origen del propietario, opera con costes artificialmente reducidos gracias al incumplimiento de las normas laborales y fiscales. El gremio de peluqueros lleva tiempo denunciando la competencia desleal de las barberías low cost, cuya fórmula de negocio prolifera en los últimos tiempos. En Almansa, en pleno centro se pueden encontrar TRES barberías Low Cost. El problema estructural es que el profesional autónomo español, que ha invertido en formación, que paga sus impuestos conforme al convenio colectivo y que soporta un IVA del 21 por ciento, no puede competir en precio sin incurrir en pérdidas.

Desde el punto de vista jurídico, para operar legalmente una barbería en España es necesario obtener una licencia de actividad comercial y cumplir con las normativas de sanidad e higiene establecidas por cada municipio. Se requiere un plan de riesgos laborales específico para la manipulación de productos químicos y herramientas cortantes, y la titulación profesional de peluquería o barbería es obligatoria en la mayoría de los municipios.

Las ordenanzas municipales establecen un marco de condiciones higiénico-sanitarias que incluye abastecimiento de agua corriente caliente y fría en todas las tomas, y el mantenimiento de los locales e instalaciones en correcto estado de conservación y limpieza. Las inspecciones sanitarias de las consejerías autonómicas tienen competencia para solicitar documentación y verificar el cumplimiento de estas normas.

El Convenio Colectivo estatal de peluquerías e institutos de belleza, publicado en el BOE en octubre de 2024 con vigencia hasta 2026, es de obligatoria aplicación en todo el territorio español para todos los trabajadores y empresarios del sector, sin exclusiones y con independencia de la forma jurídica del empleador o el origen del propietario.

El problema, sin embargo, no es la ausencia de normativa sino su aplicación efectiva. La inspección de trabajo y las inspecciones sanitarias municipales carecen en muchos casos de los recursos suficientes para controlar la proliferación acelerada de nuevos establecimientos, especialmente en barrios con alta densidad comercial. La barrera idiomática y la rotación frecuente de titularidades dificultan adicionalmente el seguimiento.

Las condiciones sanitarias: riesgos reales

En la barbería, al contrario que en otros servicios de imagen personal, se manejan instrumentos cortantes —navajas de afeitar, maquinillas, tijeras— que entran en contacto con la piel y pueden facilitar la transmisión de enfermedades por vía cutánea o parenteral. Las ordenanzas reguladoras exigen protocolos de esterilización o desechabilidad de utensilios, uso de materiales de un solo uso cuando sea necesario y desinfección sistemática entre clientes.

Las ordenanzas municipales establecen que las actividades de barbería quedan totalmente excluidas de cualquier tratamiento de carácter sanitario, y deben limitarse estrictamente al uso de productos cosméticos y utillaje apropiados, cumpliendo en todo caso las condiciones técnicas e higiénico-sanitarias correspondientes.

En la práctica, las denuncias de clientes y las inspecciones ocasionales han documentado en algunos establecimientos la reutilización de cuchillas sin esterilización adecuada, el uso de toallas compartidas entre clientes o la falta de registros de los productos empleados. Estos incumplimientos no son exclusivos de las barberías de gestión inmigrante —se dan también en otros establecimientos low cost de cualquier origen—, pero la mayor dificultad de inspección en algunos entornos urbanos con alta concentración de estos locales agrava el riesgo.

Una lectura plural del fenómeno

Sería un error simplificar este fenómeno reduciéndolo a un problema de inmigración. La raíz del problema es estructural: un sector con una fiscalidad desproporcionada —el 21 por ciento de IVA que los propios empresarios del ramo llevan años reclamando que se reduzca al 10 por ciento—, con costes laborales crecientes y con una inspección insuficiente para hacer cumplir la normativa por igual a todos los actores.

Los emprendedores inmigrantes, antes del éxito, suelen pagar un alto coste social: vulnerabilidad económica, condiciones laborales de explotación, duras condiciones de vivienda y alienación social. Esta realidad de fondo conviene no perderla de vista al analizar el fenómeno.

Al mismo tiempo, la existencia de establecimientos que operan fuera de los marcos legales —sea cual sea el origen de sus propietarios— perjudica al conjunto del sector, desincentiva la formación profesional, deteriora la imagen colectiva de la barbería y puede suponer riesgos sanitarios reales para los consumidores.

La respuesta adecuada pasa por una inspección más eficaz e igualitaria, una simplificación administrativa que facilite la regularización de los negocios que quieren cumplir, y una revisión de la carga fiscal que soporta este sector para que la competencia legal sea económicamente viable. Sin estas condiciones, la competencia seguirá desenvolviéndose en un terreno de juego desigual que beneficia a quienes eluden las normas, con independencia de su procedencia.

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