LA VERDAD SOBRE EL CONSERVATORIO

«…, el Ayuntamiento de Almansa financia con un inmueble, suelo público y fondos municipales una infraestructura educativa cuya titularidad, gestión y responsabilidad legal corresponde exclusivamente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Almansa necesita un nuevo Conservatorio de Música. Nadie lo discute. Pero lo que sí merece un escrutinio riguroso es quién debe construirlo, quién debe pagarlo y, sobre todo, por qué un Ayuntamiento de una ciudad como Almansa que no alcanza los 25.000 habitantes se ha visto presionado a asumir una carga económica y patrimonial que la ley reserva expresamente a la Comunidad Autónoma. La respuesta a esas preguntas revela un problema estructural en el modelo de financiación de la educación pública en Castilla-La Mancha que no puede ni debe de seguir siendo ignorado…»

Luis BONETE. Periodista Copyright-2026

Almansa necesita un nuevo Conservatorio de Música. Nadie lo discute. Pero lo que sí merece un escrutinio riguroso es quién debe construirlo, quién debe pagarlo y, sobre todo, por qué un Ayuntamiento de una ciudad como Almansa que no alcanza los 25.000 habitantes se ha visto presionado a asumir una carga económica y patrimonial que la ley reserva expresamente a la Comunidad Autónoma. La respuesta a esas preguntas revela un problema estructural en el modelo de financiación de la educación pública en Castilla-La Mancha que no puede ni debe de seguir siendo ignorado.

Por si alguien que lea estas letras a estas alturas no lo sabe o conoce, la ley es meridianamente clara: Educación es competencia autonómica.

No hace falta ser jurista para entender el reparto competencial en materia de educación en España. El artículo 148.1.17 de la Constitución Española, desarrollado por el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y la Ley Orgánica de Educación, atribuye a las comunidades autónomas la plena responsabilidad sobre la programación, construcción, mantenimiento y financiación de los centros de enseñanzas de régimen especial, categoría en la que se encuadran los conservatorios de música. Llegada la hora en la que parece que el Gobierno regional ha decidido desbloquear el tema del Conservatorio, también es el momento de quitarse la careta: la Junta de Comunidades no nos hace ningún favor, no es Papa Noël, y tampoco es una entidad colaboradora en este asunto: es la titular de la obligación. Que no quede una sola duda sobre lo dicho anteriormente.

Sin embargo, lo que estamos presenciando en Almansa contradice frontalmente este principio. El Consistorio local no solo tuvo que ceder al chantaje del gobierno regional y regalar suelo de su patrimonio municipal —un bien público adquirido con 250.000 euros provenientes del esfuerzo fiscal de todos los vecinos— sino que además se le exigió la cesión del edificio de propiedad municipal. Todo ello supuso una aportación económica directa de 800.000 euros para financiar esa obra en el año 2020. Una construcción que, en estricta legalidad y en elemental justicia, debería correr íntegramente a cargo de Toledo. Pero la cosa no termina aquí, en 2026 se anuncia por parte del equipo de Gobierno PSOE-IU que, debido a la suspensión de las obras por parte de la empresa anterior por sobrecostes, ahora se retoma el proyecto, eso sí, con la obligación de que todos los vecinos nos rasquemos, de nuevo,  el bolsillo y pongamos encima del tapete 1,7 millones de euros; o es de esa forma…, o no hay Conservatorio.  Esto no es colaboración interinstitucional; es chantaje, es una transferencia encubierta de costes de la administración regional a la local. O pagas, o los almanseños siguen estudiando en en los locales del Dómine Cabra.

La cesión de terrenos municipales para la construcción del nuevo Conservatorio no es un gesto menor, es un regalo sin retorno.  El suelo en cualquier municipio tiene un valor económico real, contabilizable, que integra el patrimonio público. Cederlo gratuitamente a otra administración —que además es económicamente más poderosa, con una hacienda autonómica incomparablemente mayor que la municipal— supone empobrecimiento objetivo del erario local sin contrapartida alguna.

En este tema, siempre me ha picado la curiosidad y varias preguntas me bullen en las entretelas. ¿Ha sometido el Ayuntamiento esta cesión a un proceso transparente de valoración pericial independiente? ¿Existe algún mecanismo de reversión del inmueble si el proyecto (como ya ha ocurrido con anterioridad) no se ejecuta en los plazos comprometidos o si el Conservatorio cierra en el futuro? Son preguntas legítimas que el equipo de Gobierno tiene la obligación de responder ante sus vecinos, no ante la consejería de Educación.

Parece mentira, pero entre los ediles que lleva las riendas del municipio, ya sea por convencimiento, por peloteo o por resignación, hay quienes defienden este modelo y se les cae la baba al argumentar que se trata de «colaboración institucional con el presidente Page» y que, sin la implicación del Ayuntamiento, el proyecto no sería viable. Este argumento, lejos de tranquilizarnos, debería de escandalizarnos y alarmarnos profundamente. Si la Junta de Comunidades no puede construir un Conservatorio en Almansa sin que el municipio aporte 2,5 millones de euros, entre terrenos, lana y edificio, estamos ante una confesión implícita de incapacidad financiera o de dejación de funciones por parte del gobierno regional.

La realidad política es más descarnada: los ayuntamientos pequeños y medianos se encuentran en una posición de debilidad estructural frente a las comunidades autónomas. Dependen de transferencias regionales para muchas de sus políticas. El Consistorio almanseño sabe que rechazar las condiciones impuestas por la consejería de Educación significaría, en la práctica, perder el proyecto. Y perder el proyecto tiene un coste político local que ningún alcalde quiere pagar. Pilar Callado la que menos. El resultado es un trágala, un trampantojo de negociación que no es tal: quienes ocupan hoy el espacio del antiguo hogar de los condes de Cirat aceptan lo que le Page les pone encima de la mesa porque la alternativa es quedarse sin Conservatorio. O Tody o nada.

Lo que ocurre en Almansa no es un caso aislado. Es el espejo de una tendencia que se repite en numerosas localidades de Castilla-La Mancha y del conjunto de España: la Administración autonómica, que tiene la competencia y los recursos fiscales derivados de ella, traslada progresivamente los costes de infraestructuras educativas a los ayuntamientos, que carecen de esa competencia pero que, paradójicamente, acaban financiándola.

Si Almansa acepta estas condiciones sin cuestionarlas públicamente, estará legitimando un modelo que otros municipios de la región sufrirán mañana. La solidaridad intermunicipal, en este caso, pasa por alzar la voz y exigir que la Junta asuma íntegramente lo que la ley le encomienda. No por obstruccionismo, sino por principio democrático.

Desde mi punto de vista, antes de que el Ayuntamiento de Almansa firme ningún convenio, el Pleno municipal tiene la responsabilidad —y los ciudadanos, el derecho— de obtener respuestas claras a las siguientes cuestiones:

¿Cuál es la valoración pericial independiente de los terrenos que se ceden? ¿Quién ha realizado esa tasación y con qué metodología?

¿Qué cantidad exacta, al céntimo, aporta el Ayuntamiento en metálico? ¿De qué partida presupuestaria u operación financiera procede y qué otras necesidades municipales se posponen por ello?

¿Existe cláusula de reversión del suelo si el proyecto no se ejecuta o si el Conservatorio deja de funcionar en el futuro?

¿Ha explorado el Ayuntamiento la posibilidad de negarse a aportar más dinero, exigiendo a la Junta que asuma íntegramente el proyecto?

¿Se ha consultado con la Federación Española de Municipios y Provincias o con otros ayuntamientos en situación similar para articular una posición común frente a la Comunidad Autónoma?

En caso de aceptar el Convenio, ¿se publicará con luz y taquígrafos el calendario concreto de ejecución de las obras con compromisos vinculantes y penalizaciones en caso de incumplimiento por parte de la Junta?

Almansa merece el Conservatorio. Y merece también la verdad.

Nadie en esta ciudad discute la necesidad de unas instalaciones dignas para la enseñanza musical. El Conservatorio Profesional de Música de Almansa lleva años trabajando en condiciones de precariedad que no hacen justicia ni a su alumnado ni a su profesorado. La inversión es necesaria, urgente y moralmente ineludible.

Pero necesidad no puede ser sinónimo de resignación. Que Almansa necesite el Conservatorio no significa que deba aceptar cualquier condición, por abusiva que sea, para conseguirlo. La ciudadanía tiene derecho a saber exactamente cuánto le cuesta este proyecto a su municipio —en terrenos, en euros, en oportunidades no aprovechadas— y tiene derecho a exigir que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cumpla, de una vez, con las obligaciones que la ley le asigna sin trasladar esa carga a quienes menos capacidad tienen para asumirla.

La música, como la democracia, no funciona cuando hay quien toca y quien paga, pero solo uno de los dos se lleva el mérito. Almansa lo sabe. Es hora de que Toledo también lo aprenda.