LA RULETA RUSA

«…cuando el político fatuo decide que se pasa por el forro de la forma más procaz las decisiones de los técnicos municipales, abre una tenebrosa expectativa que puede, o no, conducir al abismo el esfuerzo y la ilusión de los vecinos de Almansa. El disparate de apostar por desempolvar un imaginario revolver para jugar a la ruleta rusa con la seguridad de las Fiestas Mayores, ténganse los machos, es un síntoma evidente que el gobierno que preside la socialista Pilar Callado, va cuesta abajo y sin frenos…»

Luis BONETE Periodista. Copyright-2026

Cuando el político fatuo decide que se pasa por el forro de la forma más procaz las decisiones de los técnicos municipales, abre una tenebrosa expectativa que puede, o no, conducir al abismo el esfuerzo y la ilusión de los vecinos de Almansa. El disparate de apostar por desempolvar un imaginario revolver para jugar a la ruleta rusa con la seguridad de las Fiestas Mayores, ténganse los machos, es un síntoma evidente que el gobierno que preside la socialista Pilar Callado, va cuesta abajo y sin frenos.

La alcaldesa Pilar Callado y el concejal de Seguridad Javier Gimeno, se echan al monte y en una decisión que nadie en Almansa es capaz de comprender, desautorizan un pormenorizado informe técnico y, ensoberbecidos ambos, dan el visto bueno a menos de la mitad de los servicios que su propio Inspector-Jefe de Policía Local considera imprescindibles para garantizar la seguridad durante las Fiestas Mayores. En su lugar, artos de orgullo y prepotencia, manifiestan que se contrataran vigilantes privados. Una decisión que no es solo un error de gestión: es una grave temeridad.

Hay una regla de oro en el ejercicio del poder público que cualquier manual de administración local recoge y que la experiencia aconseja no ignorar jamás: cuando el técnico advierte, el político abre la oreja y escucha. No necesariamente para obedecer ciegamente, pero sí para ponderar, para justificar, para asumir con plena consciencia las consecuencias de apartarse del criterio experto. En Almansa, ese principio elemental como tantas otras cosas ha quedado reducido a papel mojado.

El Inspector-Jefe de la Policía Local de Almansa, José García —el mismo funcionario que en el acto de su toma de posesión reivindicó públicamente la importancia del apoyo institucional para hacer bien su trabajo—, ha elaborado informes técnicos estableciendo cuáles son las condiciones mínimas de seguridad que deben garantizarse durante los próximos días de Fiestas Mayores. Esos informes, fijan un número de servicios policiales por debajo del cual la cobertura de la vía pública no puede considerarse suficiente. A pesar de los reiterados avisos y de los informes del jefe de Policía Local advirtiendo de la falta de garantías, el gobierno de Pilar Callado decide pasárselos por el arco de triunfo y los ignora, uno tras otro.

Es importante que todos los almanseños conozcan, ya que desde Casa Grande se da carpetazo al asunto con el más ominoso de los silencios, que la decisión tomada por la alcaldesa y el concejal de Seguridad, Javier Gimeno, ha sido dar luz verde a menos del 50 por ciento de los servicios que la propia Jefatura de Policía considera necesarios para unas Fiestas Mayores con garantías de seguridad. Pero lo más sorprendente es que el déficit de servicios no se ha decidido cubrirlo reforzando la plantilla, negociando horas extraordinarias ni buscando fórmulas creativas dentro del marco de la función pública. Se ha cubierto —o más bien taponado— agárrense que viene curva, con vigilantes de seguridad privada, en una apuesta por la aritmética de la irresponsabilidad.

La matemática es aplastante y no admite matices favorables al equipo de Gobierno social-comunista: si el técnico responsable de la seguridad en Almansa dice que hacen falta tantos o cuantos servicios para cubrir con garantías la vía pública durante las Fiestas, y el político autoriza menos de la mitad, alguien está tomando una decisión que va más allá de la gestión ordinaria, y yo tengo más que claro quien es, ¿y usted que lee estas líneas? Está asumiendo un riesgo que no le corresponde asumir a él, sino que recae sobre cada almanseño que sale a la calle a disfrutar de sus fiestas patronales, declaradas de Interés Turístico Internacional.

No hace mucho el grupo Municipal del Partido Popular calificó de «temeraria» la gestión del equipo de Gobierno en materia de seguridad ciudadana, advirtiendo de que la ciudad está viviendo momentos de inseguridad como consecuencia de la grave falta de previsión y diálogo con los funcionarios de la Policía Local. Se podrá discrepar del partido que formula la denuncia —es legítimo—, pero el fondo del argumento es jurídicamente sólido e institucionalmente serio.

La pregunta que el primer gobierno municipal de socialistas y comunistas que ejerce el poder local tras la instauración de la democracia, no ha respondido es sencilla: ¿en qué criterio técnico, jurídico o presupuestario se basa la decisión de autorizar menos de la mitad de los servicios que la Jefatura considera mínimos? Porque si existe ese criterio alternativo, debería de hacerse público. Si no existe, estamos ante algo más grave que una mala decisión: estamos ante una decisión arbitraria que afecta directamente a la seguridad ciudadana.

Conviene recordar lo que parece haberse olvidado en la planta noble de Casa Grande: un vigilante de seguridad privada no tiene potestad de autoridad pública. No puede identificar personas, no puede inmovilizar a un infractor, no puede levantar atestados, no puede actuar en situaciones de orden público con las mismas garantías legales que un agente uniformado. Puede disuadir, puede avisar, puede gestionar accesos controlados. Pero no puede sustituir a la Policía Local en sus funciones esenciales sobre la vía pública.

La Policía Local existe precisamente como herramienta fundamental para garantizar el libre ejercicio de las libertades y derechos fundamentales de las personas, la seguridad ciudadana y la armónica convivencia entre todos los ciudadanos. Esa función tiene un soporte normativo, una cadena de mando y una responsabilidad institucional que no pueden transferirse a una empresa privada mediante un contrato de servicios.

Según denuncia la oposición, esta situación se ha repetido en importantes eventos de la ciudad, con un gasto que supera ya ampliamente los 21.000 euros en seguridad privada, costeado con el dinero de los vecinos, en lo que consideran una externalización de competencias exclusivas del Ayuntamiento que compromete la seguridad ciudadana. El dinero gastado en parches habría bastado, en buena parte, para financiar los servicios extraordinarios que la Jefatura reclamaba.

El origen de este problema es un conflicto mal gestionado desde el inicio del actual mandato. Alguien en el equipo de Gobierno decidió que tras la jubilación de Federico Gómez había que atar en corto a la policía. De ahí se deriva que la tensión entre la plantilla de la Policía Local y el Ayuntamiento lleva tres años enquistada, sin que las negociaciones hayan llegado a buen puerto. El conflicto tiene numerosas aristas en las que ambas partes pueden esgrimir argumentos. Pero lo que no admite discusión es la secuencia de consecuencias: el gobierno municipal, con su visible torpeza, no ha resuelto el conflicto, y ante esa incapacidad, ha decidido que quien debe de pagar precio por su incapacidad y borriquera sea la ciudadanía, con una seguridad recortada a la mitad de lo que los propios expertos consideran suficiente.

Hay que subrayar que no ha sido el equipo de Gobierno, sino el esfuerzo, la responsabilidad y la profesionalidad de los propios agentes de Policía Local, lo que ha permitido que actos multitudinarios como las Fiestas Mayores, la Romería o la Conmemoración del Aniversario de la Batalla de Almansa en anteriores ediciones se hayan celebrado con absoluta normalidad y sin incidentes, añadiendo que sin el compromiso y la vocación de servicio de esos agentes, estaríamos hablando de un escenario muy distinto.

Dicho de otro modo: si hasta ahora no ha pasado nada grave, no ha sido gracias a la gestión del equipo de Gobierno social-comunista. Ha sido a pesar de ella.

En derecho administrativo existe el principio de precaución: cuando existe incertidumbre sobre las consecuencias de una decisión que afecta a la seguridad o la salud pública, el gobernante debe actuar con cautela y priorizar la protección. Una Jefatura de Policía que advierte por escrito de que los servicios autorizados no alcanzan los mínimos necesarios está, precisamente, activando ese principio. El gobierno municipal, al ignorarlo, asume una responsabilidad que va más allá de lo político. Pero da la impresión que ni conoce ni padece.

Si durante estas próximas Fiestas Mayores ocurriera algún incidente grave en una zona que debería haber estado cubierta por agentes de la Policía Local y no lo estaba —o estaba cubierta por vigilantes privados sin competencia legal para actuar— las preguntas sobre responsabilidades institucionales no van a ser nada cómodas de responder. A lo mejor…, alguien tendría que marcharse precipitadamente a su casa. Los informes de la Jefatura estarán ahí. Las actas de las decisiones también.

Sirva esta exposición de motivos para exigir a Pilar Callado y a sus concejales que cesen en su actitud, que rectifiquen, se sienten a negociar con la plantilla policial y dejen de jugar al gato y al ratón con la seguridad de Almansa, antes de que haya que lamentar una desgracia.

Es una advertencia que, guste o no quien la formula, merece ser escuchada. Porque en materia de seguridad ciudadana, cuando el técnico advierte y el político no escucha, la historia acaba casi siempre con alguien teniendo que rendir cuentas. Y eso, en Almansa, aún está a tiempo de evitarse.

Arrieros somos….