«…, hay una España que no sale en los informes ministeriales. Es la España de los domingos en los que una hija cancela sus planes porque no hay relevo. La de las noches en vela junto a un padre con Alzheimer avanzado. La del cuidador que lleva tres años sin vacaciones porque la administración pública concede 400 euros al mes de ayuda -cuando los concede- para costear una enfermedad que vale diez veces más…»
Luis BONETE. Periodista Copyright-2026
Imagen de la web oficial de AFA Almansa
Hay una España que no sale en los informes ministeriales. Es la España de los domingos en los que una hija cancela sus planes porque no hay relevo. La de las noches en vela junto a un padre con Alzheimer avanzado. La del cuidador que lleva tres años sin vacaciones porque la administración pública concede 400 euros al mes de ayuda -cuando los concede- para costear una enfermedad que vale diez veces más.
Esta es la historia de un abandono sistemático, calculado, por lo tanto, no accidental. Un modelo en el que el Estado ha decidido -con datos, con presupuestos, con silencio- que ciertas enfermedades no merecen el mismo esfuerzo público que otras.
El mecanismo es siempre el mismo. Una asociación de familiares -de Parkinson, de Alzheimer, de enfermedad mental grave- se constituye porque no queda otra. Sus fundadores son personas que han chocado contra el muro del sistema y han decidido organizarse. Consiguen una sede en precario, lanzan programas de atención, forman voluntarios, contratan a algún psicólogo con media jornada. Y entonces llega la subvención institucional.
Tres mil euros. O cinco mil. En algunos casos, si la asociación tiene buenos contactos y presenta la memoria correctamente, llega a quince mil. Para atender a cientos de familias durante doce meses. La institución rubrica el convenio, emite una nota de prensa sobre su compromiso con los más vulnerables, y ya ha cumplido.
“…nos llaman socios estratégicos en los discursos. En los presupuestos somos una partida residual. Con lo que nos dan apenas cubrimos el alquiler de la sede donde hacemos los talleres…”, comenta un responsable de una de estas asaciones almanseñas.
La cansina retórica institucional ha encontrado en el modelo comunitario una coartada perfecta. El discurso sobre des institucionalizar -nacido de una crítica legitima a los manicomios del siglo XX- ha sido vaciado de contenido y reconvertido en argumento para no invertir. Cerrar los centros de larga estancia sin construir alternativas reales no es progreso: es abandonar a los enfermos a su suerte, eso sí, acompañados de una buena prensa.
Es una vergüenza. En la España del s.XXI hay menos psiquiatras por habitante que la media europea. Las camas de hospitalización psiquiátrica se han ido reduciendo de forma sostenida. Los centros de salud mental comunitaria están saturados. Y el Parkinson, el Alzheimer y las demencias ni siquiera disponen de un modelo de atención especifico garantizado por ley en la mayoría de comunidades autónomas.
El cuidador invisible
Hay figuras esenciales en el sistema de cuidados que, paradójicamente, apenas existen en el relato público. El llamado “cuidador invisible” —casi siempre un familiar— sostiene en silencio una parte crítica de la atención a personas con enfermedades crónicas, dependencia o deterioro cognitivo. No figura en plantillas, no cobra nóminas y rara vez aparece en estadísticas con el peso que realmente tiene. Sin embargo, sin él, el sistema colapsaría.
Su jornada no tiene horarios. Empieza antes de que el día comience y se alarga más allá de la noche. Administrar medicación, asistir en la higiene, supervisar la alimentación, gestionar citas médicas, contener crisis emocionales… tareas que, sumadas, configuran una dedicación total. En enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson avanzado, el cuidado no es solo físico, sino también psicológico: implica convivir con la pérdida progresiva de la persona conocida.
El coste personal de esta entrega es profundo. Muchos cuidadores renuncian a su vida laboral o reducen drásticamente su actividad profesional. Esto se traduce en menor independencia económica, cotizaciones insuficientes y, a largo plazo, pensiones más bajas. A la renuncia económica se suma la social: el aislamiento es frecuente, las relaciones se deterioran y el tiempo propio se convierte en un lujo casi inexistente.
Pero hay una dimensión aún más preocupante: la salud del propio cuidador. La sobrecarga física —levantar, movilizar, asistir— provoca lesiones musculares y fatiga crónica. A esto se añade el desgaste emocional: ansiedad, depresión, sensación de culpa constante por “no hacer suficiente” y un duelo anticipado que se prolonga durante años. No es raro que el cuidador termine convirtiéndose también en paciente, atrapado en un sistema que no prevé su vulnerabilidad.
Este fenómeno tiene un nombre en el ámbito sanitario: “síndrome del cuidador quemado”. Y no es una excepción, sino una consecuencia previsible de una estructura que descansa excesivamente en el ámbito familiar sin proporcionar apoyos suficientes. La falta de respiro —servicios temporales que permitan al cuidador descansar— agrava el problema. Sin pausas, sin relevo, el agotamiento se vuelve estructural.
La Ley de Dependencia, aprobada en 2006 con gran fanfarria, prometía resolver exactamente esto. Veinte años después, las listas de espera para una valoración superan los doce meses en muchas comunidades. Las prestaciones, cuando llegan, cubren una fracción del coste real.
Lo que debería ocurrir y no ocurre
Que las asociaciones de enfermos existan y trabajen es admirable. Que el Estado las necesite para cubrir funciones que son suyas es una vergüenza. La diferencia no es semántica: en el primer caso tenemos sociedad civil vibrante; en el segundo, tenemos dejación de funciones institucionalizada y financiada con cuatro migajas para que nadie pueda decir que no se hace nada.
Varios países europeos garantizan diagnóstico temprano accesible, equipos multidisciplinares integrados en atención primaria, plazas residenciales públicas a precio regulado y respiro para el cuidador como derecho reconocido. Lo que falta en España no es tecnología ni conocimiento: es voluntad política para reconocer que ciertos enfermos han sido clasificados, implícitamente, como un problema que puede esperar. Pueden esperar porque no votan en bloque. Porque sus familias están demasiado agotadas para protestar.
Mientras esto se escribe, en algún centro de salud mental hay una lista de espera de ocho meses para una primera consulta de psiquiatría. En alguna asociación de Alzheimer, una voluntaria de 71 años está dando el desayuno a tres enfermos porque la cuidadora profesional no ha podido venir. Y en algún despacho institucional, alguien prepara la nota de prensa del próximo convenio de colaboración.
Lo más inquietante es que esta figura sigue siendo tratada como un recurso implícito, casi inagotable. Las políticas públicas la mencionan, pero rara vez la sitúan en el centro. Se ofrecen cursos, algunas ayudas, programas de apoyo psicológico… pero de nuevo, insuficientes frente a la magnitud del problema.
Reconocer al cuidador invisible no es solo nombrarlo, sino integrarlo en el sistema: con derechos, con protección, con apoyo real. Porque cuidar también debería ser cuidado. Y mientras eso no ocurra, seguiremos sosteniendo una red esencial sobre los hombros de quienes, silenciosamente, se van rompiendo.
Como colofón y un mínimo ejemplo del derroche estatal, señalar que los datos más completos y recientes sobre la partida de asesores autonómicos (personal de confianza que entra y sale de sus regalías según el color del gobierno de turno) y que provienen del análisis de Newtral (julio 2024) que revisó la información publicada por 14 gobiernos autonómicos y las dos ciudades autónomas (Galicia, País Vasco y Asturias, no declararon sus asesores) confirma la plena vigencia de 804 asesores (ahora serán más) a razón de 46.817 euros/año de media; lo que supone un gasto de 37,6 millones de euros. Si a estas personas sumamos los funcionarios, laborales, interinos personales estatutario, etc., etc. el gasto anual de las CC.AA. supera los 105 millones de euros. La estimación del gasto anual en asesores en el gobierno de Castilla‑La Mancha, es la siguiente: 124 asesores a razón de 46.817 euros de sueldo medio anual, total: 5,8 millones de euros.
Mientras tanto, la lista de espera para una plaza en una residencia pública en Almansa es: Grado III (gran dependencia), entre tres y nueve meses. Grado II (dependencia severa) seis a 12 meses y Grado I (dependencia moderada) entre 12 y 18 meses.
Mens sana in corpore sano
«…, en los últimos años, el paisaje comercial de los barrios populares de las ciudades españolas ha experimentado una transformación visible y rápida: donde antes había una ferretería, una mercería o una tienda de ropa de toda la vida, hoy proliferan barberías de gestión inmigrante, especialmente en manos de ciudadanos marroquíes, paquistaníes e indios. Este fenómeno no es exclusivo de las grandes urbes; se extiende con creciente intensidad a ciudades medianas y localidades con notable presencia de población inmigrante y Almansa no es ajena a este fenómeno…»
Luis BONETE Periodista. Copyright-2026
En los últimos años, el paisaje comercial de los barrios populares de las ciudades españolas ha experimentado una transformación visible y rápida: donde antes había una ferretería, una mercería o una tienda de ropa de toda la vida, hoy proliferan barberías de gestión inmigrante, especialmente en manos de ciudadanos marroquíes, paquistaníes e indios. Este fenómeno no es exclusivo de las grandes urbes; se extiende con creciente intensidad a ciudades medianas y localidades con notable presencia de población inmigrante y Almansa no es ajena a este fenómeno.
El mercado de barberías en España está experimentando un crecimiento sostenido del 4-5 por ciento anual, consolidándose como uno de los sectores más dinámicos dentro del sector del cuidado personal masculino. En mayo de 2025, según datos oficiales, se contabilizaban 5.128 barberías registradas, con especial concentración en Cataluña y Andalucía. Una parte significativa de este crecimiento se explica precisamente por la llegada de emprendedores inmigrantes que han encontrado en la barbería un punto de entrada asequible al mercado laboral autónomo.
Las razones que explican esta preferencia son múltiples. La inversión inicial es relativamente baja comparada con otros negocios, no se requiere un local de grandes dimensiones, y la demanda es constante e independiente de las estaciones. Además, muchos de estos emprendedores traen consigo una larga tradición cultural de la barbería, especialmente en el caso de los marroquíes y paquistaníes, donde el berber o el barbero de barrio es una figura social arraigada. La ayuda mutua dentro de la comunidad —en particular entre los pakistaníes, muchos de ellos procedentes de la zona del Punjab— es uno de los factores que ha impulsado la proliferación de estos establecimientos, con redes de apoyo que facilitan información, financiación informal, traspaso de locales entre conocidos y orientación sobre trámites administrativos.
El elemento más disruptivo de estas barberías no es tanto su origen étnico (que para cierta parte del ciudadano lo es) como su modelo de precios. Frente a los 12-18 euros por un corte de pelo, los 15-22 euros del corte más el lavado, los 8-15 euros del arreglo de barba con perfilado a navaja, y los 15-25 euros del afeitado a navaja y toalla caliente que aproximadamente cobra habitualmente una barbería convencional española, muchos de estos establecimientos ofrecen el mismo servicio —o uno percibido como equivalente— por entre 5-8 y 10 euros. Este diferencial ha captado rápidamente a un amplio segmento de clientela masculina, especialmente jóvenes y trabajadores con presupuesto ajustado.
El modelo low cost en peluquería se sustenta en tres pilares: un público atraído por el precio, productos de bajo coste y condiciones laborales muy precarias para los trabajadores. Las asociaciones del sector han alertado de que una mayor regulación protegería por igual al profesional de la competencia desleal y al cliente.
La lógica de los números es difícil de sostener sin recurrir a economías sumergidas o a condiciones laborales irregulares. Según representantes del sector, la economía sumergida alcanza el 20 por ciento del total del sector. Un corte de caballero a 8 euros en 40 minutos equivale a facturar 12 euros la hora, cuando el solo coste laboral conforme a convenio supera los 11 euros, sin contar el resto de gastos del local. Esto hace matemáticamente inviable un modelo legal a esos precios sin recurrir al empleo no declarado o a jornadas abusivas.
En algunos casos se han detectado vínculos entre estas cadenas de bajo coste y actividades de blanqueo de capitales. Los trabajadores rara vez se atreven a denunciar y las inspecciones de trabajo tienen escasa repercusión práctica.
El sector de la peluquería y barbería convencional español lleva años en una situación delicada, agravada por la pandemia, la subida del IVA al 21 por ciento y el incremento de los costes energéticos. Un estudio sectorial refleja una pérdida media anual de facturación del 26 por ciento en los tres años anteriores a 2023, con destrucción de empleo eminentemente femenino, y la aparición de una economía sumergida que compite de forma desleal.
El presidente del Consejo Nacional de Empresas de Peluquería y Estética de España (Conepe) ha advertido de que los establecimientos low cost ofrecen servicios «deficientes» que pueden llegar a ser perjudiciales para la salud. La situación es tan delicada que se reciben currículos de peluqueros que confiesan haber trabajado sin alta en la Seguridad Social ante la falta de oportunidades en el mercado regulado.
La queja del gremio no apunta solo a la competencia extranjera, sino a un modelo de negocio que, independientemente del origen del propietario, opera con costes artificialmente reducidos gracias al incumplimiento de las normas laborales y fiscales. El gremio de peluqueros lleva tiempo denunciando la competencia desleal de las barberías low cost, cuya fórmula de negocio prolifera en los últimos tiempos. En Almansa, en pleno centro se pueden encontrar TRES barberías Low Cost. El problema estructural es que el profesional autónomo español, que ha invertido en formación, que paga sus impuestos conforme al convenio colectivo y que soporta un IVA del 21 por ciento, no puede competir en precio sin incurrir en pérdidas.
Desde el punto de vista jurídico, para operar legalmente una barbería en España es necesario obtener una licencia de actividad comercial y cumplir con las normativas de sanidad e higiene establecidas por cada municipio. Se requiere un plan de riesgos laborales específico para la manipulación de productos químicos y herramientas cortantes, y la titulación profesional de peluquería o barbería es obligatoria en la mayoría de los municipios.
Las ordenanzas municipales establecen un marco de condiciones higiénico-sanitarias que incluye abastecimiento de agua corriente caliente y fría en todas las tomas, y el mantenimiento de los locales e instalaciones en correcto estado de conservación y limpieza. Las inspecciones sanitarias de las consejerías autonómicas tienen competencia para solicitar documentación y verificar el cumplimiento de estas normas.
El Convenio Colectivo estatal de peluquerías e institutos de belleza, publicado en el BOE en octubre de 2024 con vigencia hasta 2026, es de obligatoria aplicación en todo el territorio español para todos los trabajadores y empresarios del sector, sin exclusiones y con independencia de la forma jurídica del empleador o el origen del propietario.
El problema, sin embargo, no es la ausencia de normativa sino su aplicación efectiva. La inspección de trabajo y las inspecciones sanitarias municipales carecen en muchos casos de los recursos suficientes para controlar la proliferación acelerada de nuevos establecimientos, especialmente en barrios con alta densidad comercial. La barrera idiomática y la rotación frecuente de titularidades dificultan adicionalmente el seguimiento.
Las condiciones sanitarias: riesgos reales
En la barbería, al contrario que en otros servicios de imagen personal, se manejan instrumentos cortantes —navajas de afeitar, maquinillas, tijeras— que entran en contacto con la piel y pueden facilitar la transmisión de enfermedades por vía cutánea o parenteral. Las ordenanzas reguladoras exigen protocolos de esterilización o desechabilidad de utensilios, uso de materiales de un solo uso cuando sea necesario y desinfección sistemática entre clientes.
Las ordenanzas municipales establecen que las actividades de barbería quedan totalmente excluidas de cualquier tratamiento de carácter sanitario, y deben limitarse estrictamente al uso de productos cosméticos y utillaje apropiados, cumpliendo en todo caso las condiciones técnicas e higiénico-sanitarias correspondientes.
En la práctica, las denuncias de clientes y las inspecciones ocasionales han documentado en algunos establecimientos la reutilización de cuchillas sin esterilización adecuada, el uso de toallas compartidas entre clientes o la falta de registros de los productos empleados. Estos incumplimientos no son exclusivos de las barberías de gestión inmigrante —se dan también en otros establecimientos low cost de cualquier origen—, pero la mayor dificultad de inspección en algunos entornos urbanos con alta concentración de estos locales agrava el riesgo.
Una lectura plural del fenómeno
Sería un error simplificar este fenómeno reduciéndolo a un problema de inmigración. La raíz del problema es estructural: un sector con una fiscalidad desproporcionada —el 21 por ciento de IVA que los propios empresarios del ramo llevan años reclamando que se reduzca al 10 por ciento—, con costes laborales crecientes y con una inspección insuficiente para hacer cumplir la normativa por igual a todos los actores.
Los emprendedores inmigrantes, antes del éxito, suelen pagar un alto coste social: vulnerabilidad económica, condiciones laborales de explotación, duras condiciones de vivienda y alienación social. Esta realidad de fondo conviene no perderla de vista al analizar el fenómeno.
Al mismo tiempo, la existencia de establecimientos que operan fuera de los marcos legales —sea cual sea el origen de sus propietarios— perjudica al conjunto del sector, desincentiva la formación profesional, deteriora la imagen colectiva de la barbería y puede suponer riesgos sanitarios reales para los consumidores.
La respuesta adecuada pasa por una inspección más eficaz e igualitaria, una simplificación administrativa que facilite la regularización de los negocios que quieren cumplir, y una revisión de la carga fiscal que soporta este sector para que la competencia legal sea económicamente viable. Sin estas condiciones, la competencia seguirá desenvolviéndose en un terreno de juego desigual que beneficia a quienes eluden las normas, con independencia de su procedencia.
EL AGUA
“QUÉ SE REALIZA EN ALMANSA CON EL AGUA QUE FLUYE DESDE DENTRO DE LA TIERRA O CUANDO LLUEVE, Y COMO SE DEMUESTRA QUE ALMANSA NO CREA CAMINO AL FUTURO”
Asociación Ecologista “Cerro del Aguila”
«…, el clima determina en la comarca de Almansa, todo el ciclo de bonanza que el disponer de agua y sus beneficiosos recursos, nos puede proveer. Nuestros antepasados recientes, cuando aún Almansa era agricultora, tenía muy muy claro, que el agua se tenía que “retener”, “buscar”, “guardar” y “utilizar”. Con sumo respeto, perseverancia y necesidad vital. Nuestros antepasados, realizaron pozos, minados, aljibes, pantanos y a la vez construyeron balsas y buscaron nacimientos, para ejecutar las anteriores evidencias del uso de dicha agua. Recuérdese a las aguas en su discurrir por acequias pequeñas y enormes como la de Alpera y otras más activas como las de los minados en Zucaña, que abastecían y daban fuerza, a los molinos y de beber a la ciudad de Almansa a su población y huertas…»
El clima determina en la comarca de Almansa, todo el ciclo de bonanza que el disponer de agua y sus beneficiosos recursos, nos puede proveer.
Nuestros antepasados recientes, cuando aún Almansa era agricultora, tenía muy muy claro, que el agua se tenía que “retener”, “buscar”, “guardar” y “utilizar”. Con sumo respeto, perseverancia y necesidad vital.
Nuestros antepasados, realizaron pozos, minados, aljibes, pantanos y a la vez construyeron balsas y buscaron nacimientos, para ejecutar las anteriores evidencias del uso de dicha agua. Recuérdese a las aguas en su discurrir por acequias pequeñas y enormes como la de Alpera y otras más activas como las de los minados en Zucaña, que abastecían y daban fuerza, a los molinos y de beber a la ciudad de Almansa a su población y huertas.
Nuestros antepasados que trabajaron y realizaron dichos entramados de buscar, guardar y utilizar el agua, proveniente de lluvias y escondida, dentro de la tierra, construyeron pozos, minados, aljibes, balsas, pantanos y acequias, hoy parte esencial de esas estructura, que conforman el patrimonio del agua en Almansa, hoy tristemente están abandonados y casi destruidos.
El paraje natural de la Mearrera, único espacio natural con agua permanente durante todo el año, en lo que respecta al buen estado de sus aguas, se sitúa en el olvido aquejado por la falta de interés en su estudio, y por consiguiente, su deterioro es muy preocupante. Sus minados, no han sido descritos y tampoco referenciados. No se inspecciona, no se mantienen, no se conservan. Sus aguas, cuando colapsaron los pozos del agua potable, dieron de beber al pueblo en Almansa, durante más de quinientos años, molían el cereal, regaban las huertas, llenaban las fuentes, abrevaderos y lavaderos públicos.
El paraje natural de la Mearrera tenía un “pulmón” que era la acequia a cielo abierto, construida en piedra de sillería, desde la boca del entronque de los minados y llegaba a la balsa del Concejo. Esa acequia hace ya años que mediante un acto de terrorismo institucional fue entubada, en sus partes y tramos más sensible. El abandono en la conservación de los tramos que están sin entubar es palmario, ya no se usa como acequia principal y su deterioro a simple vista muy avanzado, es alarmante.
Dicen que hoy celebramos el Día del Agua en Castilla-La mancha, en Almansa…, pero la realidad es que para como nos tratan las Administraciones, con abandono en lo más racional, integral y profundo, donde el agua espera nuestro reconocimiento, no podemos celebrar en esta localidad ningún Día del Agua.
Nuestras fuentes naturales, pozos, aljibes, minados, lagunas…… No se conservan.
Los Minados en Zucaña: Son los que dan vida (el pulmón) del paraje de La Mearrera, es una prioridad su estudio, conservación y mejora pues en el futuro inmediato, si estos minados van hundiéndose, la Mearrera desaparecerá. Su existencia está supeditada y condicionada a que esos minados, “todos”, se pongan en valor y recuperación. Los hemos visto hundirse, tapar sus bocas y apropiarse indebidamente de ellos. Su colapso significaría, el fin del entorno natural de este espacio “ahora desprotegido” y paralelamente el fin de la balsa del Concejo.
Los pozos y aljibes: Estamos ante estructuras construidas por el ser humano, mediante filtración en los pozos y por zanjas de derivación de aguas de lluvia u escorrentías y areneros, se llenaban los Aljibes. Los pozos la mayoría han sido tapados y los aljibes la mayoría están hundiéndose o su techumbre de media bóveda ya hundidas. Los aljibes por estar diseminados en puntos cercanos al monte, por su volumen de retención más de 50.000 litros de agua por unidad, son un reservorio de agua para la vida silvestre y en casos puntuales apoyo para los bomberos forestales.
Las fuentes naturales: Dentro del entramado agrícola y rural, si su conservación se realizase, sería un apoyo vital para la mejora de la vida silvestre y un aliciente para el ser humano, como ya lo vemos en el Rebollo, Escudero u Olula (ahora abandonada) y poco más ahora.
Las lagunas: Dentro lo que podemos denominar las zonas húmedas en Almansa, al margen del pantano, son las más desconocidas por la sociedad almanseña y las peor tratadas por las administraciones públicas, ya sea Ayuntamiento o Junta de Comunidades. Tenemos una laguna protegida en el B.O.E., curiosamente nadie la conoce, ni la inspecciona y menos aún la cuida. La laguna del Vínculo, se tuvo que evitar su destrucción, con la “escopeta” en ristre. En el caso de la laguna del Saladar, de forma maliciosa y prevaricadora, el Ayuntamiento de Almansa y Page en Albacete, se niegan a reconocer su valores faunísticos, y el ejemplo lo tenemos que negaron el aporte de parte del agua de la nueva depuradora y prefieren verter el agua ya depurada al zanjón, un espacio muy contaminado y donde el agua depurada, pasa otra vez a estar contaminada. ¿Qué nombre tiene esta acción administrativa?
El Camino del Agua en Almansa: nuestros pozos están tapados, nuestros minados abandonados, nuestras acequias “entubadas”, nuestros aljibes hundiéndose, nuestras lagunas “ilegalizadas”, nuestra depuradora “contaminando el agua depurada”…..
Aquí ni Camino ni Fluye………
«…, hay fechas muy señaladas que pertenecen a la historia. Que fueron conquistadas con sacrificio, con sangre, con años de humillación y resistencia. El ocho de marzo es una de ellas. Y en Almansa, como en tantos otros rincones de este país, esa fecha ha sido robada. No por enemigos del feminismo declarados, sino por algo más peligroso: por quienes dicen defenderlo mientras lo vacían de contenido para llenarlo de banderas propias…»
Luis BONETE Periodista Copyright-2026
Hay fechas muy señaladas que pertenecen a la historia. Que fueron conquistadas con sacrificio, con sangre, con años de humillación y resistencia. El ocho de marzo es una de ellas. Y en Almansa, como en tantos otros rincones de este país, esa fecha ha sido robada. No por enemigos del feminismo declarados, sino por algo más peligroso: por quienes dicen defenderlo mientras lo vacían de contenido para llenarlo de banderas propias.
El Día Internacional de la Mujer debería ser, por definición, un espacio de reivindicación universal. Una jornada en la que la lucha por la igualdad trascendiera siglas, ideologías y trincheras partidistas. Sin embargo, lo que ocurre en Almansa cada ocho de marzo contradice de raíz ese espíritu: dos actos paralelos, dos padrones de mujeres homenajeadas, dos verdades sobre qué significa ser mujer digna de reconocimiento público. Insisto, dos inventarios femeninos: uno de izquierdas. Otro de derechas.
Lo que sucede en Almansa en jornada tan relevante merece ser llamado por su nombre. No son homenajes, son fraudes, y ello a pesar de que se monte toda una parafernalia para vestir a la mona de seda, porque es bien sabido que por mucho envoltorio de satén o tisú, seguirá siendo una mona.
Dos directorios, una sola vergüenza
El conjunto de grupos políticos de la izquierda local, a los que se suman alborozados los sindicatos con sus propias propuestas, presentan sus candidatas. De forma recíproca y por aquello de que yo también apoyo la causa, la derecha almanseña preludia las suyas. Poco o nada importa si unos u otros presentan más equipo que el otro, lo importante para los 21 que habitan en Casa Grande es no perder rueda, hacer lo posible por estar en el lado correcto del discurso político de esa jornada. Tratar con todas sus fuerzas de no se les vea el culo, de no moverse, porque el que lo hace, no sale en el retrato. Y mientras tanto, la ciudadanía de Almansa contempla el espectáculo con una mezcla de apatía y resignación que debería, en cambio, convertirse en indignación.
Porque lo que desde hace ya bastantes años viene sucediendo delante de nuestras narices, a mi juicio, es obsceno en su simpleza: los partidos políticos locales y la representación sindical han convertido a las mujeres en cromos de colección ideológica. Las seleccionan, las ordenan, las exhiben en un teatro y … hasta el año que viene si Dios quiere. No importa quiénes son realmente. Interesa que sean las nuestras. Que lleven nuestra etiqueta. Que su reconocimiento nos haga quedar bien ante el electorado.
Lo afirmo meridianamente claro. Las mujeres de Almansa no son y jamás deberían de ser manejadas como activo electoral. Y quien las trata como tal, y estamos hasta el moño de ver que eso sucede, las está insultando, aunque lo haga con flores, aplausos y en un marco incomparable.
La izquierda
Seamos claros con la izquierda local y los sindicatos, porque llevan demasiado tiempo cómodos en el papel de dueños absolutos del ocho de marzo. Es evidente que han construido un relato en el que solo caben ciertas mujeres, con cierto perfil, con ciertas ideas. Las demás, para el zurderío, sencillamente, no existen. O peor aún, son consideradas cómplices del patriarcado por el mero hecho de no compartir su marco ideológico.
Eso no es feminismo. Es sectarismo con perspectiva de género.
Honrar únicamente a mujeres afines en el Día Internacional de la Mujer no es un acto de justicia. Es un acto de propaganda. Y degradar una jornada de reivindicación universal a un acto teatral con mitin callejero encubierto, no solo es intelectualmente deshonesto, es una traición a todas las mujeres que durante generaciones lucharon precisamente contra quienes decidían qué voces merecían ser escuchadas y cuáles debían callar.
La derecha
Pero si la actitud de la izquierda es sectaria, la parcela de la derecha en Almansa roza directamente el cinismo institucionalizado. Presentarse el ocho de marzo con un elenco propio de mujeres con perfil conservador y homenajearlas, da la impresión que les basta para saldar cualquier hipotética deuda con la igualdad, es una maniobra tan transparente que sorprende que alguien pueda ejecutarla con la cara seria.
No se puede cuestionar sistemáticamente políticas de igualdad, votar en contra de medidas concretas de protección a las mujeres o mirar hacia otro lado ante la brecha salarial, y luego aparecer el ocho de marzo con un cartel bien diseñado como si todo quedara compensado. Eso no es reconocer a las mujeres. Es utilizarlas como escudo.
El homenaje de la derecha a las mujeres huele, ante todo, a coartada. A necesidad de no quedarse fuera del marco de un cuadro que políticamente ya no pueden permitirse ignorar. No es convicción. Es cálculo a calzón quitado.
El daño real que esto causa
Más allá de la indignación legítima, hay un daño concreto y medible que esta dinámica provoca en Almansa y en cualquier ciudad donde se repita.
1) Divide a las mujeres. Les dice, implícitamente, que su valor como ciudadanas depende de su currículum, de su credo o carné político. Que si no encajan en el molde ideológico correcto, su trayectoria, su esfuerzo y su vida no merecen reconocimiento público. Eso es una humillación, aunque venga envuelta en buenas intenciones.
2) Agota y desmoviliza. Una vez que la ciudadanía percibe que el ocho de marzo se ha convertido en otro escenario de confrontación partidista, deja de participar. Deja de importarle. Y ese desenganche es exactamente lo que los movimientos de igualdad real no pueden permitirse.
3) Lo anterior queda en mantillas si al reflexionar concluimos que esos comportamientos normalizan que las causas colectivas sean apropiadas por intereses particulares. Si el ocho de marzo puede ser secuestrado, cualquier reivindicación puede serlo. Se instala la idea de que no hay espacio común, que todo es trinchera, que la solidaridad entre mujeres es imposible si no va acompañada de homogeneidad ideológica. Ese mensaje, lector, es demoledor.
Mirarse en el espejo
Almansa no es una excepción. Es un síntoma. Pero precisamente por eso, tiene la oportunidad de ser también un ejemplo de lo contrario.
Los ciudadanos de Almansa deberían exigir, con toda la contundencia que merezca la situación, que el ocho de marzo deje de ser terreno de nadie y pase a ser terreno de todos. Que los partidos políticos, si de verdad respetan esta fecha, sean capaces de hacer algo tan básico como sencillo y tan sincero como aparentemente imposible: sentarse juntos y acordar un homenaje común.
No a mujeres apadrinadas por izquierdas y derechas. Sí rotundo y contundente a mujeres de Almansa. A las que cosieron, a las que enseñaron, a las que cuidaron a los enfermos sin que nadie las mirara, a las que denunciaron cuando hacerlo les costaba el doble que a cualquier hombre, a las que construyeron esta ciudad en silencio mientras otros ponían su nombre en las placas.
Si la clase política no es capaz siquiera de encontrar un vértice común el ocho de marzo, lo mejor que podrían hacer es quedarse quietos, en sus casas y/o sedes. Porque su presencia pública en esas condiciones, no suma. Resta.
Mientras los 21 de Casa Grande y sindicatos se miran de reojo y compiten por ver quién tiene el mejor elenco feminista, las mujeres de Almansa, rendidas a la evidencia, siguen año tras año esperando algo más que un cartel con su nombre.
El feminismo no necesita padrinos políticos. Necesita que quienes tienen poder dejen de pisarlo con sus disputas de campanario.
«…, la supresión del Programa de Educación Vial en el Parque Infantil de Tráfico por parte de los concejales socialistas de Educación y Seguridad del Ayuntamiento de Almansa, Alejandro Vicedo y Francisco Javier Gimeno, respectivamente, con el visto bueno de la alcaldesa, Pilar Callado, constituye una decisión arbitraria, sectaria e irresponsable, tomada por motivos exclusivamente políticos y absolutamente ajena al interés general. Se trata de un ataque frontal a un programa educativo modélico que ha funcionado de manera ininterrumpida durante 30 años, y cuya eliminación deja sin formación en seguridad vial a más de 1.200 niños de nuestra ciudad….»
Luis BONETE. Periodista Copyright-2026
La supresión del Programa de Educación Vial en el Parque Infantil de Tráfico por parte de los concejales socialistas de Educación y Seguridad del Ayuntamiento de Almansa, Alejandro Vicedo y Francisco Javier Gimeno, respectivamente, con el visto bueno de la alcaldesa, Pilar Callado, constituye una decisión arbitraria, sectaria e irresponsable, tomada por motivos exclusivamente políticos y absolutamente ajena al interés general. Se trata de un ataque frontal a un programa educativo modélico que ha funcionado de manera ininterrumpida durante 30 años, y cuya eliminación deja sin formación en seguridad vial a más de 1.200 niños de nuestra ciudad
Lejos de asumir su responsabilidad, estos concejales han optado por una estrategia tan cobarde como injusta: señalar y culpar a la Policía Local para ocultar una decisión política premeditada. Una maniobra indigna que pretende desacreditar a un cuerpo de funcionarios que durante décadas ha demostrado profesionalidad, vocación educativa y compromiso con la seguridad de los menores, y que ha sido pieza clave en el éxito del programa.
La eliminación de esta iniciativa supone dejar sin contenido el Parque Infantil de Tráfico y de paso dinamitar deliberadamente un proyecto educativo consolidado, reconocido y valorado por centros escolares, familias y docentes. El Parque Infantil de Tráfico no era un simple equipamiento municipal, sino un espacio formativo esencial donde miles de niños aprendieron normas básicas de convivencia, prevención de accidentes y respeto en la vía pública. Suprimirlo es un retroceso educativo intolerable.
Esta bochornosa decisión, del estilo “ordeno y mando” retrata con crudeza una forma de gobernar del equipo de Gobierno social-comunista, basada en el revanchismo político, en la confrontación y en el desprecio por aquello que funciona si no encaja en su relato ideológico, arrastra por el suelo su auto etiqueta de progresista. El PSOE en Almansa ha demostrado que está dispuesto a sacrificar la educación y la seguridad infantil que no le tiembla el pulso con tal de imponer su agenda, aunque ello suponga perjudicar directamente a miles de niños almanseños y a sus familias. Mientras esto sucede, Cristian Ibáñez, concejal que sostiene a Pilar Callado en la alcaldía, permanece mudo y hace como si la cosa no fuese con él. Otro que tal baila.
Cuando se destruye un programa educativo ejemplar por intereses partidistas, no se gobierna: se daña a la ciudad. Y esta decisión, capitaneada por el PSOE y apoyada con el silencio de IU, pasará a la historia local como uno de los episodios más lamentables de irresponsabilidad política en materia educativa y de seguridad vial.
Habrá que recordarle a Pilar Callado que la Educación Vial salva vidas. Abandonarla por capricho político es dar la espalda a la prevención, a la responsabilidad y al sentido común. Es condenar a miles de escolares a perder una formación que ningún otro programa municipal puede sustituir. Una actuación incalificable que tienen la poca vergüenza de justificar culpando a la Policía Local.
Almansa no merece dirigentes que actúan por revancha política. Merece gestores, me importa un ardite el color, que piensen en el interés general, no en borrar el trabajo de quienes estuvieron antes. Esta decisión exige una rectificación inmediata. Y si no están dispuestos a rectificar, al menos deberían tener la valentía de explicar públicamente por qué han decidido poner en riesgo la formación y la seguridad de nuestros niños.
NOTA DE PRENSA DEL CSIF
CSIF denuncia la supresión del Programa de Educación Vial en Almansa tras casi 30 años de impartición ininterrumpida
La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Almansa informa a la ciudadanía sobre la cancelación del Programa de Educación Vial durante este curso escolar, pese a existir un acuerdo que garantizaba su continuidad y correcto desarrollo.
En un primer momento, el concejal de Educación se reunió con los directores de los centros escolares y trasladó una versión que intentaba culpar a la Policía Local de la suspensión de este programa. Cabe reseñar que el año pasado el concejal de Seguridad Ciudadana ya intentó cancelar esta actividad únicamente con el objetivo de ahorrar, sin motivaciones pedagógicas ni organizativas. Desde CSIF, desmentimos de manera categórica cualquier responsabilidad de los agentes.
En la reunión técnica con la concejalía, la Jefatura de Policía Local y el coordinador del programa se presentó una planificación completa con las 59 clases programadas y 20 jornadas adicionales para imprevistos. Todos los monitores habían manifestado su disposición a firmar por escrito su compromiso para impartir el programa, garantizando la correcta organización, desarrollo y gestión bajo los mismos criterios educativos, organizativos y económicos de años anteriores. El programa estaba plenamente organizado y listo para iniciarse en febrero de 2026.
La suspensión no responde a causas organizativas ni a falta de compromiso profesional, sino a una decisión política del gobierno municipal, que deja sin formación a más de 1.200 niños y niñas de Almansa durante el curso escolar 2025/2026 y pone fin a casi 30 años de continuidad ininterrumpida de este proyecto histórico.
Al dejar sin efecto el acuerdo aprobado y ratificado por Alcaldía, se suprime un programa que durante décadas ha formado a miles de escolares en circulación, normas de convivencia y seguridad vial. Cabe destacar que en 2023, la Policía Local recibió una distinción nacional por buenas prácticas, siendo pionera en la formación de estos alumnos y alumnas en Vehículos de Movilidad Personal (VMP), actualmente en auge. Además, se rompe la relación de confianza y cercanía que este programa fomentaba entre la infancia y los agentes.
Con este comunicado, CSIF cumple con su deber de informar a la ciudadanía sobre la gravedad de esta decisión, que afecta directamente a un programa educativo histórico de la localidad.
Las decisiones políticas deben orientarse a mejorar y reforzar los servicios públicos, no a suprimirlos sin justificación. La educación, al igual que otros servicios esenciales, debe ser una prioridad y nunca puede ser recortada ni comprometida.
Sección Sindical CSIF Policía Local de Almansa
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