«…, el Ayuntamiento de Almansa financia con un inmueble, suelo público y fondos municipales una infraestructura educativa cuya titularidad, gestión y responsabilidad legal corresponde exclusivamente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Almansa necesita un nuevo Conservatorio de Música. Nadie lo discute. Pero lo que sí merece un escrutinio riguroso es quién debe construirlo, quién debe pagarlo y, sobre todo, por qué un Ayuntamiento de una ciudad como Almansa que no alcanza los 25.000 habitantes se ha visto presionado a asumir una carga económica y patrimonial que la ley reserva expresamente a la Comunidad Autónoma. La respuesta a esas preguntas revela un problema estructural en el modelo de financiación de la educación pública en Castilla-La Mancha que no puede ni debe de seguir siendo ignorado…»
Luis BONETE. Periodista Copyright-2026
Almansa necesita un nuevo Conservatorio de Música. Nadie lo discute. Pero lo que sí merece un escrutinio riguroso es quién debe construirlo, quién debe pagarlo y, sobre todo, por qué un Ayuntamiento de una ciudad como Almansa que no alcanza los 25.000 habitantes se ha visto presionado a asumir una carga económica y patrimonial que la ley reserva expresamente a la Comunidad Autónoma. La respuesta a esas preguntas revela un problema estructural en el modelo de financiación de la educación pública en Castilla-La Mancha que no puede ni debe de seguir siendo ignorado.
Por si alguien que lea estas letras a estas alturas no lo sabe o conoce, la ley es meridianamente clara: Educación es competencia autonómica.
No hace falta ser jurista para entender el reparto competencial en materia de educación en España. El artículo 148.1.17 de la Constitución Española, desarrollado por el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y la Ley Orgánica de Educación, atribuye a las comunidades autónomas la plena responsabilidad sobre la programación, construcción, mantenimiento y financiación de los centros de enseñanzas de régimen especial, categoría en la que se encuadran los conservatorios de música. Llegada la hora en la que parece que el Gobierno regional ha decidido desbloquear el tema del Conservatorio, también es el momento de quitarse la careta: la Junta de Comunidades no nos hace ningún favor, no es Papa Noël, y tampoco es una entidad colaboradora en este asunto: es la titular de la obligación. Que no quede una sola duda sobre lo dicho anteriormente.
Sin embargo, lo que estamos presenciando en Almansa contradice frontalmente este principio. El Consistorio local no solo tuvo que ceder al chantaje del gobierno regional y regalar suelo de su patrimonio municipal —un bien público adquirido con 250.000 euros provenientes del esfuerzo fiscal de todos los vecinos— sino que además se le exigió la cesión del edificio de propiedad municipal. Todo ello supuso una aportación económica directa de 800.000 euros para financiar esa obra en el año 2020. Una construcción que, en estricta legalidad y en elemental justicia, debería correr íntegramente a cargo de Toledo. Pero la cosa no termina aquí, en 2026 se anuncia por parte del equipo de Gobierno PSOE-IU que, debido a la suspensión de las obras por parte de la empresa anterior por sobrecostes, ahora se retoma el proyecto, eso sí, con la obligación de que todos los vecinos nos rasquemos, de nuevo, el bolsillo y pongamos encima del tapete 1,7 millones de euros; o es de esa forma…, o no hay Conservatorio. Esto no es colaboración interinstitucional; es chantaje, es una transferencia encubierta de costes de la administración regional a la local. O pagas, o los almanseños siguen estudiando en en los locales del Dómine Cabra.
La cesión de terrenos municipales para la construcción del nuevo Conservatorio no es un gesto menor, es un regalo sin retorno. El suelo en cualquier municipio tiene un valor económico real, contabilizable, que integra el patrimonio público. Cederlo gratuitamente a otra administración —que además es económicamente más poderosa, con una hacienda autonómica incomparablemente mayor que la municipal— supone empobrecimiento objetivo del erario local sin contrapartida alguna.
En este tema, siempre me ha picado la curiosidad y varias preguntas me bullen en las entretelas. ¿Ha sometido el Ayuntamiento esta cesión a un proceso transparente de valoración pericial independiente? ¿Existe algún mecanismo de reversión del inmueble si el proyecto (como ya ha ocurrido con anterioridad) no se ejecuta en los plazos comprometidos o si el Conservatorio cierra en el futuro? Son preguntas legítimas que el equipo de Gobierno tiene la obligación de responder ante sus vecinos, no ante la consejería de Educación.
Parece mentira, pero entre los ediles que lleva las riendas del municipio, ya sea por convencimiento, por peloteo o por resignación, hay quienes defienden este modelo y se les cae la baba al argumentar que se trata de «colaboración institucional con el presidente Page» y que, sin la implicación del Ayuntamiento, el proyecto no sería viable. Este argumento, lejos de tranquilizarnos, debería de escandalizarnos y alarmarnos profundamente. Si la Junta de Comunidades no puede construir un Conservatorio en Almansa sin que el municipio aporte 2,5 millones de euros, entre terrenos, lana y edificio, estamos ante una confesión implícita de incapacidad financiera o de dejación de funciones por parte del gobierno regional.
La realidad política es más descarnada: los ayuntamientos pequeños y medianos se encuentran en una posición de debilidad estructural frente a las comunidades autónomas. Dependen de transferencias regionales para muchas de sus políticas. El Consistorio almanseño sabe que rechazar las condiciones impuestas por la consejería de Educación significaría, en la práctica, perder el proyecto. Y perder el proyecto tiene un coste político local que ningún alcalde quiere pagar. Pilar Callado la que menos. El resultado es un trágala, un trampantojo de negociación que no es tal: quienes ocupan hoy el espacio del antiguo hogar de los condes de Cirat aceptan lo que le Page les pone encima de la mesa porque la alternativa es quedarse sin Conservatorio. O Tody o nada.
Lo que ocurre en Almansa no es un caso aislado. Es el espejo de una tendencia que se repite en numerosas localidades de Castilla-La Mancha y del conjunto de España: la Administración autonómica, que tiene la competencia y los recursos fiscales derivados de ella, traslada progresivamente los costes de infraestructuras educativas a los ayuntamientos, que carecen de esa competencia pero que, paradójicamente, acaban financiándola.
Si Almansa acepta estas condiciones sin cuestionarlas públicamente, estará legitimando un modelo que otros municipios de la región sufrirán mañana. La solidaridad intermunicipal, en este caso, pasa por alzar la voz y exigir que la Junta asuma íntegramente lo que la ley le encomienda. No por obstruccionismo, sino por principio democrático.
Desde mi punto de vista, antes de que el Ayuntamiento de Almansa firme ningún convenio, el Pleno municipal tiene la responsabilidad —y los ciudadanos, el derecho— de obtener respuestas claras a las siguientes cuestiones:
¿Cuál es la valoración pericial independiente de los terrenos que se ceden? ¿Quién ha realizado esa tasación y con qué metodología?
¿Qué cantidad exacta, al céntimo, aporta el Ayuntamiento en metálico? ¿De qué partida presupuestaria u operación financiera procede y qué otras necesidades municipales se posponen por ello?
¿Existe cláusula de reversión del suelo si el proyecto no se ejecuta o si el Conservatorio deja de funcionar en el futuro?
¿Ha explorado el Ayuntamiento la posibilidad de negarse a aportar más dinero, exigiendo a la Junta que asuma íntegramente el proyecto?
¿Se ha consultado con la Federación Española de Municipios y Provincias o con otros ayuntamientos en situación similar para articular una posición común frente a la Comunidad Autónoma?
En caso de aceptar el Convenio, ¿se publicará con luz y taquígrafos el calendario concreto de ejecución de las obras con compromisos vinculantes y penalizaciones en caso de incumplimiento por parte de la Junta?
Almansa merece el Conservatorio. Y merece también la verdad.
Nadie en esta ciudad discute la necesidad de unas instalaciones dignas para la enseñanza musical. El Conservatorio Profesional de Música de Almansa lleva años trabajando en condiciones de precariedad que no hacen justicia ni a su alumnado ni a su profesorado. La inversión es necesaria, urgente y moralmente ineludible.
Pero necesidad no puede ser sinónimo de resignación. Que Almansa necesite el Conservatorio no significa que deba aceptar cualquier condición, por abusiva que sea, para conseguirlo. La ciudadanía tiene derecho a saber exactamente cuánto le cuesta este proyecto a su municipio —en terrenos, en euros, en oportunidades no aprovechadas— y tiene derecho a exigir que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cumpla, de una vez, con las obligaciones que la ley le asigna sin trasladar esa carga a quienes menos capacidad tienen para asumirla.
La música, como la democracia, no funciona cuando hay quien toca y quien paga, pero solo uno de los dos se lleva el mérito. Almansa lo sabe. Es hora de que Toledo también lo aprenda.
«.., que a Pilar Callado no le conmueve la Semana Santa de Almansa lo sabemos desde hace bastante tiempo. Lo que ya resulta difícil de admitir es que esa indiferencia personal la haya conducido hasta el terreno de la política municipal. Que sus propios prejuicios ideológicos —y los de sus socios de IU, desvinculados estatutariamente de todo lo que huela a cera, incienso o religión— y que la sostienen en el poder, se traduzcan en un abandono deliberado y palmario de las dos hermandades de esta ciudad, es algo que los almanseños no deberían seguir aceptando en silencio. Pero ya se sabe…, Almansa es territorio comanche…»
Luis BONETE Periodista. Copyright-2026
Que a Pilar Callado no le conmueve la Semana Santa de Almansa lo sabemos desde hace bastante tiempo. Lo que ya resulta difícil de admitir es que esa indiferencia personal la haya conducido hasta el terreno de la política municipal. Que sus propios prejuicios ideológicos —y los de sus socios de IU, desvinculados estatutariamente de todo lo que huela a cera, incienso o religión— y que la sostienen en el poder, se traduzcan en un abandono deliberado y palmario de las dos hermandades de esta ciudad, es algo que los almanseños no deberían seguir aceptando en silencio. Pero ya se sabe…, Almansa es territorio comanche.
Dos hermandades: Medinaceli y Jesús de la Paz. Las dos que Almansa tiene. Las que cada año sacan a la calle a sus cofrades, voluntarios, músicos y familias que, sin ser sevillanas o murcianas, por citar algunas, sí llevan generaciones vinculadas espiritualmente a esta tradición. Son estos vecinos, los que mantienen vivo (de forma humilde) un patrimonio cultural, artístico y sentimental que pertenece a todos los almanseños —creyentes o no—, y que con cada paso que procesiona por nuestras calles habla de quiénes somos y de dónde venimos. Y esas dos hermandades sobreviven, año tras año, gracias al esfuerzo sobrehumano de sus hermanos y hermanas, no gracias a su alcaldesa que, sostenida por sus socios comunistas de IU, lleva tres años dejando morir de inanición económica a las dos hermandades de la ciudad mientras ella brilla por su ausencia en las calles.
He dicho un poco más arriba que Almansa es “territorio comanche”, y lo mantengo. Las subvenciones municipales que reciben Medinaceli y Jesús de la Paz son ridículas, una auténtica vergüenza. Una cifra irrisoria, testimonial, que parece calculada para que nadie pueda acusar al equipo de Gobierno social-comunista de ignorarlas del todo, pero que en la práctica no sirven para nada. Con el estipendio que mana del presupuesto municipal no se pagan carpinteros, no se pagan electricistas, flores, no se restauran los pasos, no se cubre la banda de música, no se mantienen las indumentarias religiosas de los titulares, joyas artesanales de incalculable valor. Mientras tanto, este equipo de Gobierno —PSOE e IU— encuentra presupuesto para otras iniciativas. Siempre lo encuentra. Solo cuando se trata de las hermandades, de repente, las arcas están vacías.
No hay que solicitar a Pilar Callado que rece. Para nada. Se le recuerda, eso sí, que gobierne para todos. Y gobernar para todos, pasa obligatoriamente por respetar lo que miles de almanseños consideran sagrado, la tradición religiosa recibida de sus mayores y que ella, ensoberbecida y siempre muy bien acicalada, parece ignorar.
Estoy completamente seguro que Pilar Callado leerá estas líneas, y por esa razón quiero hoy, desde la templanza y la frialdad que otorga el paso del tiempo desde la finalización de los días pasionales, recordarle que hay algo que duele más que su cicatería a la hora de la distribución del dinero público. Hay algo que resulta más hiriente que cualquier partida presupuestaria rácana. Y es la ausencia. La ausencia física, deliberada y sistemática de la alcaldesa de Almansa en las procesiones de su ciudad. Porque mientras Pilar Callado guarda una distancia estudiada de los pasos y los nazarenos, varios concejales del Partido Popular —que forman parte del mismo consistorio que ella preside— sí están en la calle. Sí acompañan a las hermandades. Sí entienden que un cargo público tiene la obligación, cuando menos, de respetar con su presencia lo que sus vecinos sienten con el alma.
¿Qué excusa sirve ya? ¿La agenda? Una alcaldesa que tiene tiempo para todo tiene tiempo para caminar unos metros junto a su ciudad. ¿Las convicciones personales? Nadie le pide que comulgue. Nadie le pide que se arrodille. Le pedimos que aparezca. Que esté. Que demuestre, aunque sea un mínimo de respeto institucional hacia una tradición que en Almansa no es un asunto menor: es parte de la médula de esta comunidad. Pero Pilar Callado no aparece. Y su ausencia en los actos de Semana Santa, año tras año, ya no es un descuido: es un mensaje.
En este sentido es incuestionable la hipocresía en la que incurre la regidora almanseña los días cinco y seis de mayo cuando ufana, ataviada de teja con mantilla y con un ramo de flores, un día, y medalla dorada al pecho, cara circunspecta, traje de luto y medalla al pecho, otro, pasea las calles del pueblo rindiendo pleitesía a la reina de Almansa; esos días sí, ¿eh Pilar? esas procesiones con eminente carga religiosa sí se las echas al coleto y traga. Todos sabemos la finalidad de semejante gesto.
Un mensaje, el de sus ausencias semana santeras que sus socios comunistas de IU sin duda aplauden desde la comodidad de su anticlericalismo de pandereta, ese que confunde laicidad con hostilidad hacia todo lo que huela a tradición religiosa popular. Porque la laicidad real no desprecia las manifestaciones culturales y religiosas de la mayoría de sus ciudadanos: simplemente no las impone. Lo que hace este gobierno social-comunista en Almansa no es laicidad: es sectarismo presupuestario.
Las hermandades de Almansa no piden privilegios. No piden que el Ayuntamiento financie su fe. Piden lo que cualquier entidad cultural, social o deportiva de esta ciudad recibe sin mayor discusión: un apoyo razonable a una actividad que moviliza recursos, genera economía local, preserva el patrimonio y llena las calles de vida. Piden, simplemente, que se les trate con la misma dignidad que a los demás.
Y piden que su alcaldesa, al menos una vez, sea capaz de salir a la calle y mirar a los ojos a quienes, con sus impuestos, le pagan el sueldo.
Pilar Callado da la impresión de situarse por encima del bien y del mal y olvida, como numerosos políticos de derechas e izquierdas, que Almansa tiene memoria larga. Los almanseños saben muy bien quién estuvo con ellos cuando las velas titilaban e iluminaban las calles, y quién prefirió quedarse en casa. Y cuando llegue el momento de rendir cuentas en las urnas, ese recuerdo no se borrará con ningún discurso.
Llegados a este punto cabe preguntarse: ¿qué mensaje lanza quien preside el Ayuntamiento cuando evita sistemáticamente estos actos? No se trata de exigir que nadie finja una devoción que no siente. Nadie pide eso. Se trata de algo mucho más básico: el respeto institucional. La misma alcaldesa que acude a inauguraciones de cualquier tipo, que preside actos deportivos, culturales o festivos de toda índole, parece encontrar siempre un impedimento cuando llega la Semana Santa.
La religiosidad popular no es propiedad de ningún partido. Las procesiones no votan. Los nazarenos no llevan carné político. Unas hermandades que convocan en las calles a pocas o muchas personas, merecen algo más que la indiferencia de quien gobierna desde Casa Grande.
En tiempos en que la brecha entre la política y la ciudadanía se agranda por momentos, los gestos pequeños importan. Caminar junto a los tuyos, aunque no comulgues con todo lo que representan, es un gesto de respeto. Y el respeto, señora alcaldesa, no entiende de ideologías: es simplemente lo mínimo que se le debe a una comunidad que le confió su voto.
Medinaceli y Jesús de la Paz seguirán procesionando. Con o sin subvención suficiente. Con o sin la presencia de quien debería encabezar el orgullo local. Pero los vecinos tienen memoria. Y en cada paso que avanzan sin el amparo de quien debe de otorgarlo por carta de naturaleza, la distancia entre la alcaldesa y su ciudad se hace un poco más grande.
«…, hay una España que no sale en los informes ministeriales. Es la España de los domingos en los que una hija cancela sus planes porque no hay relevo. La de las noches en vela junto a un padre con Alzheimer avanzado. La del cuidador que lleva tres años sin vacaciones porque la administración pública concede 400 euros al mes de ayuda -cuando los concede- para costear una enfermedad que vale diez veces más…»
Luis BONETE. Periodista Copyright-2026
Imagen de la web oficial de AFA Almansa
Hay una España que no sale en los informes ministeriales. Es la España de los domingos en los que una hija cancela sus planes porque no hay relevo. La de las noches en vela junto a un padre con Alzheimer avanzado. La del cuidador que lleva tres años sin vacaciones porque la administración pública concede 400 euros al mes de ayuda -cuando los concede- para costear una enfermedad que vale diez veces más.
Esta es la historia de un abandono sistemático, calculado, por lo tanto, no accidental. Un modelo en el que el Estado ha decidido -con datos, con presupuestos, con silencio- que ciertas enfermedades no merecen el mismo esfuerzo público que otras.
El mecanismo es siempre el mismo. Una asociación de familiares -de Parkinson, de Alzheimer, de enfermedad mental grave- se constituye porque no queda otra. Sus fundadores son personas que han chocado contra el muro del sistema y han decidido organizarse. Consiguen una sede en precario, lanzan programas de atención, forman voluntarios, contratan a algún psicólogo con media jornada. Y entonces llega la subvención institucional.
Tres mil euros. O cinco mil. En algunos casos, si la asociación tiene buenos contactos y presenta la memoria correctamente, llega a quince mil. Para atender a cientos de familias durante doce meses. La institución rubrica el convenio, emite una nota de prensa sobre su compromiso con los más vulnerables, y ya ha cumplido.
“…nos llaman socios estratégicos en los discursos. En los presupuestos somos una partida residual. Con lo que nos dan apenas cubrimos el alquiler de la sede donde hacemos los talleres…”, comenta un responsable de una de estas asaciones almanseñas.
La cansina retórica institucional ha encontrado en el modelo comunitario una coartada perfecta. El discurso sobre des institucionalizar -nacido de una crítica legitima a los manicomios del siglo XX- ha sido vaciado de contenido y reconvertido en argumento para no invertir. Cerrar los centros de larga estancia sin construir alternativas reales no es progreso: es abandonar a los enfermos a su suerte, eso sí, acompañados de una buena prensa.
Es una vergüenza. En la España del s.XXI hay menos psiquiatras por habitante que la media europea. Las camas de hospitalización psiquiátrica se han ido reduciendo de forma sostenida. Los centros de salud mental comunitaria están saturados. Y el Parkinson, el Alzheimer y las demencias ni siquiera disponen de un modelo de atención especifico garantizado por ley en la mayoría de comunidades autónomas.
El cuidador invisible
Hay figuras esenciales en el sistema de cuidados que, paradójicamente, apenas existen en el relato público. El llamado “cuidador invisible” —casi siempre un familiar— sostiene en silencio una parte crítica de la atención a personas con enfermedades crónicas, dependencia o deterioro cognitivo. No figura en plantillas, no cobra nóminas y rara vez aparece en estadísticas con el peso que realmente tiene. Sin embargo, sin él, el sistema colapsaría.
Su jornada no tiene horarios. Empieza antes de que el día comience y se alarga más allá de la noche. Administrar medicación, asistir en la higiene, supervisar la alimentación, gestionar citas médicas, contener crisis emocionales… tareas que, sumadas, configuran una dedicación total. En enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson avanzado, el cuidado no es solo físico, sino también psicológico: implica convivir con la pérdida progresiva de la persona conocida.
El coste personal de esta entrega es profundo. Muchos cuidadores renuncian a su vida laboral o reducen drásticamente su actividad profesional. Esto se traduce en menor independencia económica, cotizaciones insuficientes y, a largo plazo, pensiones más bajas. A la renuncia económica se suma la social: el aislamiento es frecuente, las relaciones se deterioran y el tiempo propio se convierte en un lujo casi inexistente.
Pero hay una dimensión aún más preocupante: la salud del propio cuidador. La sobrecarga física —levantar, movilizar, asistir— provoca lesiones musculares y fatiga crónica. A esto se añade el desgaste emocional: ansiedad, depresión, sensación de culpa constante por “no hacer suficiente” y un duelo anticipado que se prolonga durante años. No es raro que el cuidador termine convirtiéndose también en paciente, atrapado en un sistema que no prevé su vulnerabilidad.
Este fenómeno tiene un nombre en el ámbito sanitario: “síndrome del cuidador quemado”. Y no es una excepción, sino una consecuencia previsible de una estructura que descansa excesivamente en el ámbito familiar sin proporcionar apoyos suficientes. La falta de respiro —servicios temporales que permitan al cuidador descansar— agrava el problema. Sin pausas, sin relevo, el agotamiento se vuelve estructural.
La Ley de Dependencia, aprobada en 2006 con gran fanfarria, prometía resolver exactamente esto. Veinte años después, las listas de espera para una valoración superan los doce meses en muchas comunidades. Las prestaciones, cuando llegan, cubren una fracción del coste real.
Lo que debería ocurrir y no ocurre
Que las asociaciones de enfermos existan y trabajen es admirable. Que el Estado las necesite para cubrir funciones que son suyas es una vergüenza. La diferencia no es semántica: en el primer caso tenemos sociedad civil vibrante; en el segundo, tenemos dejación de funciones institucionalizada y financiada con cuatro migajas para que nadie pueda decir que no se hace nada.
Varios países europeos garantizan diagnóstico temprano accesible, equipos multidisciplinares integrados en atención primaria, plazas residenciales públicas a precio regulado y respiro para el cuidador como derecho reconocido. Lo que falta en España no es tecnología ni conocimiento: es voluntad política para reconocer que ciertos enfermos han sido clasificados, implícitamente, como un problema que puede esperar. Pueden esperar porque no votan en bloque. Porque sus familias están demasiado agotadas para protestar.
Mientras esto se escribe, en algún centro de salud mental hay una lista de espera de ocho meses para una primera consulta de psiquiatría. En alguna asociación de Alzheimer, una voluntaria de 71 años está dando el desayuno a tres enfermos porque la cuidadora profesional no ha podido venir. Y en algún despacho institucional, alguien prepara la nota de prensa del próximo convenio de colaboración.
Lo más inquietante es que esta figura sigue siendo tratada como un recurso implícito, casi inagotable. Las políticas públicas la mencionan, pero rara vez la sitúan en el centro. Se ofrecen cursos, algunas ayudas, programas de apoyo psicológico… pero de nuevo, insuficientes frente a la magnitud del problema.
Reconocer al cuidador invisible no es solo nombrarlo, sino integrarlo en el sistema: con derechos, con protección, con apoyo real. Porque cuidar también debería ser cuidado. Y mientras eso no ocurra, seguiremos sosteniendo una red esencial sobre los hombros de quienes, silenciosamente, se van rompiendo.
Como colofón y un mínimo ejemplo del derroche estatal, señalar que los datos más completos y recientes sobre la partida de asesores autonómicos (personal de confianza que entra y sale de sus regalías según el color del gobierno de turno) y que provienen del análisis de Newtral (julio 2024) que revisó la información publicada por 14 gobiernos autonómicos y las dos ciudades autónomas (Galicia, País Vasco y Asturias, no declararon sus asesores) confirma la plena vigencia de 804 asesores (ahora serán más) a razón de 46.817 euros/año de media; lo que supone un gasto de 37,6 millones de euros. Si a estas personas sumamos los funcionarios, laborales, interinos personales estatutario, etc., etc. el gasto anual de las CC.AA. supera los 105 millones de euros. La estimación del gasto anual en asesores en el gobierno de Castilla‑La Mancha, es la siguiente: 124 asesores a razón de 46.817 euros de sueldo medio anual, total: 5,8 millones de euros.
Mientras tanto, la lista de espera para una plaza en una residencia pública en Almansa es: Grado III (gran dependencia), entre tres y nueve meses. Grado II (dependencia severa) seis a 12 meses y Grado I (dependencia moderada) entre 12 y 18 meses.
Mens sana in corpore sano
«…, en los últimos años, el paisaje comercial de los barrios populares de las ciudades españolas ha experimentado una transformación visible y rápida: donde antes había una ferretería, una mercería o una tienda de ropa de toda la vida, hoy proliferan barberías de gestión inmigrante, especialmente en manos de ciudadanos marroquíes, paquistaníes e indios. Este fenómeno no es exclusivo de las grandes urbes; se extiende con creciente intensidad a ciudades medianas y localidades con notable presencia de población inmigrante y Almansa no es ajena a este fenómeno…»
Luis BONETE Periodista. Copyright-2026
En los últimos años, el paisaje comercial de los barrios populares de las ciudades españolas ha experimentado una transformación visible y rápida: donde antes había una ferretería, una mercería o una tienda de ropa de toda la vida, hoy proliferan barberías de gestión inmigrante, especialmente en manos de ciudadanos marroquíes, paquistaníes e indios. Este fenómeno no es exclusivo de las grandes urbes; se extiende con creciente intensidad a ciudades medianas y localidades con notable presencia de población inmigrante y Almansa no es ajena a este fenómeno.
El mercado de barberías en España está experimentando un crecimiento sostenido del 4-5 por ciento anual, consolidándose como uno de los sectores más dinámicos dentro del sector del cuidado personal masculino. En mayo de 2025, según datos oficiales, se contabilizaban 5.128 barberías registradas, con especial concentración en Cataluña y Andalucía. Una parte significativa de este crecimiento se explica precisamente por la llegada de emprendedores inmigrantes que han encontrado en la barbería un punto de entrada asequible al mercado laboral autónomo.
Las razones que explican esta preferencia son múltiples. La inversión inicial es relativamente baja comparada con otros negocios, no se requiere un local de grandes dimensiones, y la demanda es constante e independiente de las estaciones. Además, muchos de estos emprendedores traen consigo una larga tradición cultural de la barbería, especialmente en el caso de los marroquíes y paquistaníes, donde el berber o el barbero de barrio es una figura social arraigada. La ayuda mutua dentro de la comunidad —en particular entre los pakistaníes, muchos de ellos procedentes de la zona del Punjab— es uno de los factores que ha impulsado la proliferación de estos establecimientos, con redes de apoyo que facilitan información, financiación informal, traspaso de locales entre conocidos y orientación sobre trámites administrativos.
El elemento más disruptivo de estas barberías no es tanto su origen étnico (que para cierta parte del ciudadano lo es) como su modelo de precios. Frente a los 12-18 euros por un corte de pelo, los 15-22 euros del corte más el lavado, los 8-15 euros del arreglo de barba con perfilado a navaja, y los 15-25 euros del afeitado a navaja y toalla caliente que aproximadamente cobra habitualmente una barbería convencional española, muchos de estos establecimientos ofrecen el mismo servicio —o uno percibido como equivalente— por entre 5-8 y 10 euros. Este diferencial ha captado rápidamente a un amplio segmento de clientela masculina, especialmente jóvenes y trabajadores con presupuesto ajustado.
El modelo low cost en peluquería se sustenta en tres pilares: un público atraído por el precio, productos de bajo coste y condiciones laborales muy precarias para los trabajadores. Las asociaciones del sector han alertado de que una mayor regulación protegería por igual al profesional de la competencia desleal y al cliente.
La lógica de los números es difícil de sostener sin recurrir a economías sumergidas o a condiciones laborales irregulares. Según representantes del sector, la economía sumergida alcanza el 20 por ciento del total del sector. Un corte de caballero a 8 euros en 40 minutos equivale a facturar 12 euros la hora, cuando el solo coste laboral conforme a convenio supera los 11 euros, sin contar el resto de gastos del local. Esto hace matemáticamente inviable un modelo legal a esos precios sin recurrir al empleo no declarado o a jornadas abusivas.
En algunos casos se han detectado vínculos entre estas cadenas de bajo coste y actividades de blanqueo de capitales. Los trabajadores rara vez se atreven a denunciar y las inspecciones de trabajo tienen escasa repercusión práctica.
El sector de la peluquería y barbería convencional español lleva años en una situación delicada, agravada por la pandemia, la subida del IVA al 21 por ciento y el incremento de los costes energéticos. Un estudio sectorial refleja una pérdida media anual de facturación del 26 por ciento en los tres años anteriores a 2023, con destrucción de empleo eminentemente femenino, y la aparición de una economía sumergida que compite de forma desleal.
El presidente del Consejo Nacional de Empresas de Peluquería y Estética de España (Conepe) ha advertido de que los establecimientos low cost ofrecen servicios «deficientes» que pueden llegar a ser perjudiciales para la salud. La situación es tan delicada que se reciben currículos de peluqueros que confiesan haber trabajado sin alta en la Seguridad Social ante la falta de oportunidades en el mercado regulado.
La queja del gremio no apunta solo a la competencia extranjera, sino a un modelo de negocio que, independientemente del origen del propietario, opera con costes artificialmente reducidos gracias al incumplimiento de las normas laborales y fiscales. El gremio de peluqueros lleva tiempo denunciando la competencia desleal de las barberías low cost, cuya fórmula de negocio prolifera en los últimos tiempos. En Almansa, en pleno centro se pueden encontrar TRES barberías Low Cost. El problema estructural es que el profesional autónomo español, que ha invertido en formación, que paga sus impuestos conforme al convenio colectivo y que soporta un IVA del 21 por ciento, no puede competir en precio sin incurrir en pérdidas.
Desde el punto de vista jurídico, para operar legalmente una barbería en España es necesario obtener una licencia de actividad comercial y cumplir con las normativas de sanidad e higiene establecidas por cada municipio. Se requiere un plan de riesgos laborales específico para la manipulación de productos químicos y herramientas cortantes, y la titulación profesional de peluquería o barbería es obligatoria en la mayoría de los municipios.
Las ordenanzas municipales establecen un marco de condiciones higiénico-sanitarias que incluye abastecimiento de agua corriente caliente y fría en todas las tomas, y el mantenimiento de los locales e instalaciones en correcto estado de conservación y limpieza. Las inspecciones sanitarias de las consejerías autonómicas tienen competencia para solicitar documentación y verificar el cumplimiento de estas normas.
El Convenio Colectivo estatal de peluquerías e institutos de belleza, publicado en el BOE en octubre de 2024 con vigencia hasta 2026, es de obligatoria aplicación en todo el territorio español para todos los trabajadores y empresarios del sector, sin exclusiones y con independencia de la forma jurídica del empleador o el origen del propietario.
El problema, sin embargo, no es la ausencia de normativa sino su aplicación efectiva. La inspección de trabajo y las inspecciones sanitarias municipales carecen en muchos casos de los recursos suficientes para controlar la proliferación acelerada de nuevos establecimientos, especialmente en barrios con alta densidad comercial. La barrera idiomática y la rotación frecuente de titularidades dificultan adicionalmente el seguimiento.
Las condiciones sanitarias: riesgos reales
En la barbería, al contrario que en otros servicios de imagen personal, se manejan instrumentos cortantes —navajas de afeitar, maquinillas, tijeras— que entran en contacto con la piel y pueden facilitar la transmisión de enfermedades por vía cutánea o parenteral. Las ordenanzas reguladoras exigen protocolos de esterilización o desechabilidad de utensilios, uso de materiales de un solo uso cuando sea necesario y desinfección sistemática entre clientes.
Las ordenanzas municipales establecen que las actividades de barbería quedan totalmente excluidas de cualquier tratamiento de carácter sanitario, y deben limitarse estrictamente al uso de productos cosméticos y utillaje apropiados, cumpliendo en todo caso las condiciones técnicas e higiénico-sanitarias correspondientes.
En la práctica, las denuncias de clientes y las inspecciones ocasionales han documentado en algunos establecimientos la reutilización de cuchillas sin esterilización adecuada, el uso de toallas compartidas entre clientes o la falta de registros de los productos empleados. Estos incumplimientos no son exclusivos de las barberías de gestión inmigrante —se dan también en otros establecimientos low cost de cualquier origen—, pero la mayor dificultad de inspección en algunos entornos urbanos con alta concentración de estos locales agrava el riesgo.
Una lectura plural del fenómeno
Sería un error simplificar este fenómeno reduciéndolo a un problema de inmigración. La raíz del problema es estructural: un sector con una fiscalidad desproporcionada —el 21 por ciento de IVA que los propios empresarios del ramo llevan años reclamando que se reduzca al 10 por ciento—, con costes laborales crecientes y con una inspección insuficiente para hacer cumplir la normativa por igual a todos los actores.
Los emprendedores inmigrantes, antes del éxito, suelen pagar un alto coste social: vulnerabilidad económica, condiciones laborales de explotación, duras condiciones de vivienda y alienación social. Esta realidad de fondo conviene no perderla de vista al analizar el fenómeno.
Al mismo tiempo, la existencia de establecimientos que operan fuera de los marcos legales —sea cual sea el origen de sus propietarios— perjudica al conjunto del sector, desincentiva la formación profesional, deteriora la imagen colectiva de la barbería y puede suponer riesgos sanitarios reales para los consumidores.
La respuesta adecuada pasa por una inspección más eficaz e igualitaria, una simplificación administrativa que facilite la regularización de los negocios que quieren cumplir, y una revisión de la carga fiscal que soporta este sector para que la competencia legal sea económicamente viable. Sin estas condiciones, la competencia seguirá desenvolviéndose en un terreno de juego desigual que beneficia a quienes eluden las normas, con independencia de su procedencia.
EL AGUA
“QUÉ SE REALIZA EN ALMANSA CON EL AGUA QUE FLUYE DESDE DENTRO DE LA TIERRA O CUANDO LLUEVE, Y COMO SE DEMUESTRA QUE ALMANSA NO CREA CAMINO AL FUTURO”
Asociación Ecologista “Cerro del Aguila”
«…, el clima determina en la comarca de Almansa, todo el ciclo de bonanza que el disponer de agua y sus beneficiosos recursos, nos puede proveer. Nuestros antepasados recientes, cuando aún Almansa era agricultora, tenía muy muy claro, que el agua se tenía que “retener”, “buscar”, “guardar” y “utilizar”. Con sumo respeto, perseverancia y necesidad vital. Nuestros antepasados, realizaron pozos, minados, aljibes, pantanos y a la vez construyeron balsas y buscaron nacimientos, para ejecutar las anteriores evidencias del uso de dicha agua. Recuérdese a las aguas en su discurrir por acequias pequeñas y enormes como la de Alpera y otras más activas como las de los minados en Zucaña, que abastecían y daban fuerza, a los molinos y de beber a la ciudad de Almansa a su población y huertas…»
El clima determina en la comarca de Almansa, todo el ciclo de bonanza que el disponer de agua y sus beneficiosos recursos, nos puede proveer.
Nuestros antepasados recientes, cuando aún Almansa era agricultora, tenía muy muy claro, que el agua se tenía que “retener”, “buscar”, “guardar” y “utilizar”. Con sumo respeto, perseverancia y necesidad vital.
Nuestros antepasados, realizaron pozos, minados, aljibes, pantanos y a la vez construyeron balsas y buscaron nacimientos, para ejecutar las anteriores evidencias del uso de dicha agua. Recuérdese a las aguas en su discurrir por acequias pequeñas y enormes como la de Alpera y otras más activas como las de los minados en Zucaña, que abastecían y daban fuerza, a los molinos y de beber a la ciudad de Almansa a su población y huertas.
Nuestros antepasados que trabajaron y realizaron dichos entramados de buscar, guardar y utilizar el agua, proveniente de lluvias y escondida, dentro de la tierra, construyeron pozos, minados, aljibes, balsas, pantanos y acequias, hoy parte esencial de esas estructura, que conforman el patrimonio del agua en Almansa, hoy tristemente están abandonados y casi destruidos.
El paraje natural de la Mearrera, único espacio natural con agua permanente durante todo el año, en lo que respecta al buen estado de sus aguas, se sitúa en el olvido aquejado por la falta de interés en su estudio, y por consiguiente, su deterioro es muy preocupante. Sus minados, no han sido descritos y tampoco referenciados. No se inspecciona, no se mantienen, no se conservan. Sus aguas, cuando colapsaron los pozos del agua potable, dieron de beber al pueblo en Almansa, durante más de quinientos años, molían el cereal, regaban las huertas, llenaban las fuentes, abrevaderos y lavaderos públicos.
El paraje natural de la Mearrera tenía un “pulmón” que era la acequia a cielo abierto, construida en piedra de sillería, desde la boca del entronque de los minados y llegaba a la balsa del Concejo. Esa acequia hace ya años que mediante un acto de terrorismo institucional fue entubada, en sus partes y tramos más sensible. El abandono en la conservación de los tramos que están sin entubar es palmario, ya no se usa como acequia principal y su deterioro a simple vista muy avanzado, es alarmante.
Dicen que hoy celebramos el Día del Agua en Castilla-La mancha, en Almansa…, pero la realidad es que para como nos tratan las Administraciones, con abandono en lo más racional, integral y profundo, donde el agua espera nuestro reconocimiento, no podemos celebrar en esta localidad ningún Día del Agua.
Nuestras fuentes naturales, pozos, aljibes, minados, lagunas…… No se conservan.
Los Minados en Zucaña: Son los que dan vida (el pulmón) del paraje de La Mearrera, es una prioridad su estudio, conservación y mejora pues en el futuro inmediato, si estos minados van hundiéndose, la Mearrera desaparecerá. Su existencia está supeditada y condicionada a que esos minados, “todos”, se pongan en valor y recuperación. Los hemos visto hundirse, tapar sus bocas y apropiarse indebidamente de ellos. Su colapso significaría, el fin del entorno natural de este espacio “ahora desprotegido” y paralelamente el fin de la balsa del Concejo.
Los pozos y aljibes: Estamos ante estructuras construidas por el ser humano, mediante filtración en los pozos y por zanjas de derivación de aguas de lluvia u escorrentías y areneros, se llenaban los Aljibes. Los pozos la mayoría han sido tapados y los aljibes la mayoría están hundiéndose o su techumbre de media bóveda ya hundidas. Los aljibes por estar diseminados en puntos cercanos al monte, por su volumen de retención más de 50.000 litros de agua por unidad, son un reservorio de agua para la vida silvestre y en casos puntuales apoyo para los bomberos forestales.
Las fuentes naturales: Dentro del entramado agrícola y rural, si su conservación se realizase, sería un apoyo vital para la mejora de la vida silvestre y un aliciente para el ser humano, como ya lo vemos en el Rebollo, Escudero u Olula (ahora abandonada) y poco más ahora.
Las lagunas: Dentro lo que podemos denominar las zonas húmedas en Almansa, al margen del pantano, son las más desconocidas por la sociedad almanseña y las peor tratadas por las administraciones públicas, ya sea Ayuntamiento o Junta de Comunidades. Tenemos una laguna protegida en el B.O.E., curiosamente nadie la conoce, ni la inspecciona y menos aún la cuida. La laguna del Vínculo, se tuvo que evitar su destrucción, con la “escopeta” en ristre. En el caso de la laguna del Saladar, de forma maliciosa y prevaricadora, el Ayuntamiento de Almansa y Page en Albacete, se niegan a reconocer su valores faunísticos, y el ejemplo lo tenemos que negaron el aporte de parte del agua de la nueva depuradora y prefieren verter el agua ya depurada al zanjón, un espacio muy contaminado y donde el agua depurada, pasa otra vez a estar contaminada. ¿Qué nombre tiene esta acción administrativa?
El Camino del Agua en Almansa: nuestros pozos están tapados, nuestros minados abandonados, nuestras acequias “entubadas”, nuestros aljibes hundiéndose, nuestras lagunas “ilegalizadas”, nuestra depuradora “contaminando el agua depurada”…..
Aquí ni Camino ni Fluye………
Almansa necesita un nuevo Conservatorio de Música. Nadie lo discute. Pero lo que sí merece un escrutinio riguroso es quién debe construirlo, quién debe pagarlo y, sobre todo, por qué un Ayuntamiento de una ciudad como Almansa que no alcanza los 25.000 habitantes se ha visto presionado a asumir una carga económica y patrimonial que la ley reserva expresamente a la Comunidad Autónoma. La respuesta a esas preguntas revela un problema estructural en el modelo de financiación de la educación pública en Castilla-La Mancha que no puede ni debe de seguir siendo ignorado.
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