La ley prevalecerá

editorial. el mundo

La democracia española atraviesa su momento más crítico desde su restauración en 1978. La insólita agresión al orden constitucional que sostiene la Generalitat de Cataluña justifica sobradamente la respuesta que el Estado está desplegando con medida proporcionalidad pero con toda firmeza. Ningún ciudadano celoso de su libertad política y preocupado por la integridad de su nación perdonaría ahora forma alguna de inacción ni por parte de este Gobierno, ni de los jueces, ni de sus representantes electos en las cámaras legislativas. Los tres poderes del Estado han de salir al paso de los enemigos de la democracia representativa y de la Constitución, que invocan legitimidades alternativas y populares de infausto recuerdo.

En este sentido, la operación de desmantelamiento del referéndum ilegal que se produjo ayer marca un punto de inflexión que todo demócrata contempla con alivio y esperanza. Porque no se trata de un duelo de legalidades en pie de igualdad, sino del restablecimiento de los derechos políticos de todos los españoles. Y en primer lugar de los catalanes, cuyas instituciones han sido usurpadas por un proyecto separatista que pretende monopolizar el espacio público y excluir al discrepante del debate político. El intento de desbordar el marco legal y la laminación de la oposición no pueden quedar impunes. Primero por la gravedad que entraña. Y, segundo, porque sentaría un precedente del que el Estado ya no se recuperaría. Si la celebración del 1-O viene a sumarse a los anteriores incumplimientos de la Generalitat, se desataría el efecto dominó del desmembramiento autonómico, empezando por el País Vasco. Y eso no va a ocurrir. La ley prevalecerá.

Por supuesto, la operación policial de ayer fue recibida con la habitual mezcla de desobediencia, demagogia y desprecio. Ni los portavoces de Junts pel Sí y la CUP ni de Podemos tuvieron reparos en tachar de «presos políticos» a los arrestados. Y el propio Puigdemont, en el colmo del cinismo, se quejó de una «agresión sin amparo judicial», obviando el mandato del juez de instrucción número 13 de Barcelona. Resulta inaudito que quienes persiguen la liquidación de la soberanía nacional tengan la desfachatez de disfrazar como un ataque a las libertades la respuesta que articulan los poderes democráticos en virtud de herramientas legales.

Especialmente irresponsable se nos antoja la actitud de la alcaldesa de Barcelona, que pese a declararse no independentista asumió ayer la vanguardia oficiosa del desafío al Estado haciendo un llamamiento a ocupar las calles. En Madrid le dio la réplica Pablo Iglesias, fiel a su estrategia de desborde callejero frente a la política institucional. Ambos líderes populistas están tratando de invertir los términos, culpando a la democracia de defenderse y no al golpismo de agredirla. No deberían engañar a nadie, tampoco a la sociedad civil -sobre la que percute la propaganda de agentes tan poderosos como el Barça, parte del tejido empresarial y hasta los festivales de música-, pero sería de ciegos no advertir la magnitud del peligro. Hay que felicitarse de que, por el momento, las protestas hayan discurrido pacíficamente, e incluso de que Junqueras haya vuelto a remitir a Montoro la información contable requerida, señal de que el ejercicio de la autoridad surte efecto.

Es la hora del Estado y de la unidad de los partidos constitucionalistas. No es el momento de reprochar al PP sus complejos en Cataluña, ni a Ciudadanos sus tentaciones oportunistas, ni siquiera al PSOE sus escarceos nacionalistas. El Estado tiene la obligación de velar por los derechos de todos los españoles. Nadie está por encima de la ley, y mucho menos si quienes se saltan las resoluciones de los tribunales son los representantes ordinarios del Estado en Cataluña. La eficacia del despliegue policial sólo se ha visto empañada por la inacción detectada en los Mossos d’Esquadra. Y ello hasta el punto que, tal como informamos hoy, la Policía ha dispuesto un operativo para sustituir a los Mossos en caso de pasividad.

Somos libres porque somos esclavos de la ley, escribió Cicerón. La legalidad será restablecida en Cataluña porque ningún autoproclamado intérprete legítimo del pueblo está por encima del Estado de Derecho, y porque el Gobierno no va a abandonar a los catalanes que se sienten españoles -y a ningún ciudadano que desee seguir viviendo en una democracia- al capricho persecutorio de un régimen autoritario que ha renunciado a representar a la mitad como mínimo de sus votantes.

Ahora bien: a partir del 1 de octubre no podemos regresar a la componenda en aras de la gobernabilidad. Más que el enésimo peaje por la lealtad siempre efímera y cara de los nacionalistas, eso sería como pagar una fianza intolerable por la libertad que todos los españoles ganaron en 1978. Ni más peajes, ni más fianzas. Esta vez hay que decir basta.

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