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Las grabaciones del PP de Valencia: «En este país lo único que funciona es la corrupción»

El juez imputa también al partido por el caso de blanqueo en Valencia

  • JUAN NIETO
  • Valencia

14580069535974Los dirigentes investigados en el marco de la Operación Taula, el caso que ha permitido desmantelar la «organización criminal» del PP valenciano, utilizaron sus teléfonos para quejarse de las falsas donaciones de 1.000 euros que les pidió el grupo municipal popular del Ayuntamiento de Valencia para financiar la última campaña electoral deRita Barberá. La Guardia Civil interceptó el 15 de abril de 2015, a las 21:30 horas, una conversación entre María José Alcón -actual esposa del ex vicealcalde de Valencia Alfonso Grau, detenido en otro caso de corrupción y uno de los acusados en Nóos- y su hijo, Vicente Burgos Alcón, en la que le traslada cómo una de las personas de la máxima confianza de Barberá, la secretaria de grupo Mari Carmen García Fuster, le pidió que ingresara en la cuenta 1.000 euros que les devolverían en dos billetes de 500.

«Han hecho una trampa en el partido, que me han dado 1.000 euros en dos billetes de 500, dinero negro (…) Y yo les tenía que hacer una transferencia legal de mi cuenta, o sea, para blanquear dinero vamos, corrupción política total, pero bueno». Alcón es la ex concejal de Cultura del Ayuntamiento a la que Marcos Benavent, el yonki del dinero, grabó durante años contando billetes procedentes de supuestas mordidas.

El juzgado de Instrucción 18 de Valencia, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil investigan una trama, organizada y jerarquizada, con ramificaciones internacionales, que habría revestido de legalidad numerosos contratos públicos para morder de adjudicaciones de la Diputación, la Generalitat y ayuntamientos como el de Xàtiva o Valencia. La investigación apunta a que la organización se repartía entre un 2% y un 3% por cada contrato público supuestamente amañado, la cantidad variaría en función del cargo que pedía la comisión y su responsabilidad dentro del entramado. Una parte de ese dinero se habría destinado a financiar el partido en Valencia.

El magistrado-instructor del caso Taula, el juez Víctor Gómez, acordó este lunes el levantamiento parcial del secreto de sumario, en concreto de la pieza que investiga el pitufeo de los 1.000 euros en la última campaña electoral de Barberá. El juez ha prorrogado un mes más el secreto de la causa principal y ha ofrecido a Barberá y al otro aforado investigado por blanqueo de capitales, el diputado autonómico Miquel Domínguez, la posibilidad de declarar de forma voluntaria ante el juzgado de Instrucción 18 antes de enviar la exposición razona al Tribunal Supremo para proceder a su interrogatorio en calidad de investigada -antes de la reforma de la ley imputada-.

La investigación ha sacado a la luz un caso muy concreto que apunta a que destacados miembros del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia aportaron 1.000 euros por cabeza para financiar la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo de 2015.

La conversación entre María José Alcón, quien tuvo el teléfono pinchado durante varios meses, y su hijo fue fundamental para que los investigadores siguieran tirando del hilo. Según recoge el sumario, al que ha tenido acceso EL MUNDO, en ella la mujer de Grau confirma «la existencia de un dinero no declarado en poder del partido político con el que Alcón se identifica -el PP-, dinero que a juicio policial puede provenir de contraprestación ilícitas en el campo de la contratación pública».

Este dinero no declarado que se movía en el grupo municipal del PP sería, según la propia Alcón, entregado en mano a una serie de personas con la condición de que éstas realizasen una transferencia bancaria de la misma cantidad de dinero desde una de sus cuentas, como si de una donación se tratase. «Pero, ¿quién te ha dado a ti eso? ¿Rita?», le dice su hija, a lo que Alcón responde «Mari Carmen». «Entonces a mi me han dado mil euros en dos billetes de 500 que es dinero negro obtenido…» añade la ex concejal. La conversación entre madre e hijo acaba de este modo: «como tú me dijiste una vez y tienes más razón que un santo, en este país lo único que funciona es la corrupción». Así, sin complejos.

Las conversaciones incluidas en el sumario recogen el interés de los investigados por el recorrido de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, la preocupación por si afectaba al matrimonio Alcón-Grau y los verdaderos motivos del distanciamiento entre el ex vicealcalde y Barberá, a la que llaman ‘butoni’ -el hombre del saco en valenciano-.

Los días posteriores al 15 de abril Grau se moviliza para apoyar a su mujer e incluso recurren a un ex concejal del PSPV en Calpe, Joan Morató, para que pida al grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Valencia que se retire del caso Nóos y así evitar sentarse en el banquillo. En este municipio de la costa de Alicante pasa el matrimonio sus vacaciones y Alcón admite que allí están «hinchando a gambas» a un concejal del PP para que le retiren una multa de tráfico a su hijo.

La mujer de Grau admite por teléfono su enfado con Barberá porque su marido es el que está asumiendo todas las responsabilidades en Nóos, «es el chivo expiatorio». Según Alcón, Grau le trasladó a Barberá que «hay un tema que he pagado yo y que sabes que es cosa tuya». «Alfonso la ha tenido muy gorda con Rita y le ha dicho que tenga cuidado con lo que hace y con lo que ha incumplido. Está la alcaldesa cagada» le traslada Alcón a su hijo para tranquilizarle.

El «favor» de Rita

Vicente Burgos Alcón -que también es hijo de otro de los detenidos, Vicente Burgos, ex marido de Alcón y ex gerente de la Fundación Jaume II El Just, donde trabajaba el yonki del dinero- le recomienda a su madre dejar la política para dedicarse a sus negocios inmobiliarios. Le dice que le pida un «favor» a la ex alcalde y cambie el PGOU para poder construir una finca. La ex concejal le comunica a su hijo que ahora las relaciones no son buena, a lo que éste le responde: «Dale unos billetes de 500, ya verás que rápido te lo cambia».

Finalmente Alcón es apartada de la lista tras las informaciones periodísticas que le señalaban como integrante de las trama del 3% y los pinchazos recogen cómo Grau se enfrentó a Barberá. Alcón criticó que la ex alcaldesa le obligara a contratar con su sobrino, Enrique Sospedrá Barberá, pero era ella la que tenía que abandonar la política después de que EL MUNDO publicara, en mayo de 2015, la conversación del yonki del dinero sobre los favores al sobrino de la senadora del PP.

La Guardia Civil concluye en sus informes que el PP de Valencia dispuso de grandes cantidades de dinero «de origen desconocido» y da por hecho que Barberá estaba al tanto.

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Cáritas constata el abandono de la ciudad de inmigrantes debido a la situación de crisis

Para la ONG católica el colectivo inmigrante es muy complicado el poder encontrar empleo entrando en competencia con los naturales.

l.b. / almansa La Tribuna de Albacete

Inmigrantes1 copiaCáritas Interparroquial de Almansa, ha constatado de nuevo el descenso acusado de la población de inmigrantes establecida en la ciudad en los dos últimos años.

Para la ONG católica, el factor determinante para que se haya producido este descenso no es otro que la crisis que afecta desde hace unos años a la ciudad, y que tiene como consecuencia determinante la falta de empleo y la disminución evidente de las posibilidades de la población inmigrante que había llegado a la ciudad de poder encontrar labores y/o trabajos con las que poder afrontar el sostén primerio de ellos mismos y el de sus familias.

Del mismo modo hay que tener en cuenta, según especifica Cáritas, que el colectivo de inmigrantes establecidos en Almansa, no dispone de las mismas posibilidades ni apoyos a la hora de poder encontrar trabajo que la población autóctona, que entre otros aspectos determinantes, poseen la ventaja que les otorga el ser nacidos en la localidad, y por ello disponen de un enraizamiento en el lugar de residencia.

Desde Cáritas, aseguran que estas circunstancias están suponiendo un gran paso atrás en los esfuerzos que se realizan de cara a la integración de los inmigrantes.

En estos momentos -aseguran- estamos teniendo casos de familias que llegaron en su día a Almansa, encontraron trabajo, se establecieron aquí y que pese a estar perfectamente integrados, al haber perdido su trabajo y no tener perspectivas de lograr uno nuevo, agotan las posibilidades de ayudas de diversos programas y a continuación, la mayoría emigran o regresan a sus países de orígen, es duro, pero es así», subrayan.

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Medio Natural y Turismo editan un cuadernillo con datos del Pantano

La publicación va destinada a facilitar, a los visitantes, información detallada sobre el conjunto de los elementos patrimoniales, arqueológicos y medioambientales que se ubican en la zona.

El folleto ha sido elaborado por el profesor y arqueólogo almanseño Enrique Gil, que ayer recordó que el Pantano de Almansa es «una de las presas más antiguas de Europa».

LUIS BONETE  / ALMANSA La Tribuna de Albacete

_DSC0241 copiaJavier Sánchez e Israel Rico, concejales delegados de las áreas de Medio Amb iente y Turismo, junto al profesor y arqueólogo Enrique Gil, presentaron ayer en el Ayuntamiento de Almansa una iniciativa en forma de cuadernillo destinado a facilitar, a los visitantes, una información generalizada desde el punto de vista arqueológico y patrimonial del Pantano de Almansa.

El objetivo fundamental de la edición de este pequeña y manejable publicación es la de «salir del paso» de una de las «debilidades» que se detectaron durante el pasado verano respecto de las visitas que se hacían al Pantano.

«Fue muy habitual el recibir preguntas respecto de determinados elementos patrimoniales y arqueológicos que se ubican en la zona; concretamente la presa, la botana,, yacimientos y construcciones bélicas que se encuentran muy cercanas al entorno de esta gran zona húmeda almanseña.

elementos. Como consecuencia de esta situación «hemos visto conveniente editar una pequeño folleto donde se explica, en primer lugar, lo que es el Pantano y las fases de construcción de la presa , sin olvidar los itinerarios que circundan el embalse y todas las nuevas infraestructuras que se han instalado con motivo de llevar a cabo el proyecto medioabiental Agua Viva», señaló Sánchez.

En segundo lugar, en la publicación presentada ayer, se da cuenta de forma sucinta de los elementos arqueológicos y patrimoniales que se encuentran en la zona, y que de esta forma pueden ser identificados muy fácilmente por el visitante, «al que se le facilita los datos principales de los mismos a la vez que se le informa de aspectos fundamentales que ayudan a su conocimiento y comprensión»,

El encargo de Turismo y Medio Ambiente ha sido desarrollado por el profesor y arqueólogo almanseño Enrique Gil, que recordó a La Tribu na de Albacete el hecho de que el Pantano de Almansa era una de las presas mas antiguas de Europa. «Debido a las importantes inversiones realizadas en los últimos años, era necesario el desarrollo de algún tipo de guía que ayudara al público en general sobre la identificación y localización de los elementos patrimoniales y arqueológicos del entorno», dijo.

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Por qué hablar del 11-M

  • FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS

federico-jimenez-losantos-030310ESTÁ MUY mal visto hablar del 11-M como lo que sigue siendo 12 años después: la mayor masacre de la historia de Europa Occidental, que seguimos sin saber quién ideó, quiénes la ejecutaron y quiénes, entre las propias fuerzas policiales, la fiscalía y los jueces, aceptaron la destrucción de las pruebas o crearon pruebas falsas para impedir la investigación legal.

El pasado 11 de diciembre yo estaba entrevistando a una de las víctimas del 11-M, Eloy Morán, de la Asociación de Ayuda a las víctimas del 11-M, la única que además de cuidar a los afectados (muchos recaídos tras la masacre de París) sigue empeñada en que la Justicia investigue a los que destruyeron las pruebas, desde los trenes a las pertenencias de los muertos.

Pero nadie quiere acordarse de ellos, que están sin dinero. Es de mal gusto discutir que del 11-M sabemos poco o nada, y lo que sabemos, falso, pero está muy mal visto preguntarse qué pasó. Y por qué está mal preguntar.

Hay una curiosidad políticamente correcta, por ejemplo investigar a las víctimas del franquismo, y una curiosidad impertinente: investigar a las víctimas de los atentados del 11-M.

Es políticamente correcto rehabilitar etarras, con Otegui a la cabeza, pero es políticamente muy incorrecto y revela una clara tendencia fascista recordar cómo Otegui y sus pistoleros obligaban a jugar a la ruleta rusa a secuestrados como Luis Abaitua, que nunca se recuperó. Otegui, sí. Y sus defensores, como Manjón y Pablo Iglesias, ocupaban la primera fila del homenaje oficial de los partidos a las víctimas del 11-M.

¿Por qué Manjón y no Moris o Morán? Pues porque en el 11-M hay víctimas políticamente correctas y víctimas desagradables, que siguen preguntando qué pasó, cuando todo el mundo lo sabe. Bueno, saben que las víctimas buenas lloran, no preguntan.

Pero este viernes Morán se preguntaba: «si está tan claro lo que pasó, ¿por qué insultar a los que preguntan por la destrucción de pruebas, los fallos de la instrucción y los absurdos de la sentencia?»

El gran responsable, por omisión, de no investigar qué pasó el 11-M es el Partido Popular, pero el peor insulto a las víctimas este año es el de Pablo Iglesias, que pidió «no utilizar políticamente a las víctimas del terrorismo». ¡Él, que presume de inventar los SMS y cercar las sedes del Partido Popular!

Doce años después, la infamia del 11-M continúa.

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La Generalitat maniobra para quitar al Estado miles de contribuyentes

La Diputación de Barcelona ultima la entrega del IRPF de 5.000 de sus empleados al Fisco catalán

UGT avisa que la Agencia Tributaria reclamará el impago

  • VÍCTOR MONDELO /DANIEL G. SASTRE
  • Barcelona

14578981372353El Govern continúa avanzando hacia la «desconexión» de Cataluña con el resto de España, y lo hace tanto en el plano político como en el económico. Mientras el Parlament tramitará a partir de las próximas semanas con discreción las «leyes de ruptura» para evitar que sean impugnadas ante el Tribunal Constitucional hasta que estén listas -pese al informe en contra de los servicios jurídicos de la Cámara y las quejas ante el TC de los partidos no independentistas-, la Hacienda catalana abrirá en breve un nuevo frente y maniobra para captar por la fuerza a miles de tributantes a través de una de sus Administraciones adheridas, la Diputación de Barcelona.

Desde que están controladas por los nacionalistas, las cuatro diputaciones provinciales catalanas se han convertido en puntas de lanza del proceso soberanista. El ente supramunicipal de la demarcación de Barcelona, gobernado por CiU y ERC, ha decidido pagar el IRPF de sus casi 5.000 empleados a la Agencia Tributaria catalana en lugar de hacerlo directamente a la española, como hasta ahora. La Diputación espera poder empezar a liquidar el impuesto asociado a la nómina de sus trabajadores al fisco catalán a partir de «mayo o junio». Fuentes de la Diputación precisaron a este diario que, en esas fechas, sus técnicos ya esperan haber dado con la fórmula «legal» para «dar el paso».

La iniciativa parte de la CUP, el partido que propició la investidura como presidente de la Generalitat de Carles Puigdemont. El pasado noviembre, el pleno de la Diputación aprobó una moción de la formación anticapitalista que instaba a la presidenta de la Diputación, Mercè Conesa (CDC), a «hacer el pago del IRPF a través de la Agencia Tributaria catalana», teniendo en cuenta que «la construcción de la Hacienda catalana se considera la primera piedra de las llamadas estructuras de Estado». La iniciativa salió adelante con los votos de los antisistema, CiU y ERC, y con la oposición del PP, Ciutadans y el PSC. Sin embargo, no cobró mayor trascendencia porque fue considerada un mero gesto político.

La percepción cambió el 11 de diciembre, cuando la Secretaría de la Diputación, en un acto inaudito, envió un correo masivo a los casi 5.000 empleados del organismo en el que les comunicaba la aprobación de la moción de la CUP que prevé el pago del IRPF de sus nóminas a la Hacienda catalana.

El mensaje generó un notable desconcierto entre los trabajadores y condujo a UGT a dirigirse al departamento de Recursos Humanos de la Diputación. El sindicato exigía conocer qué «seguridad jurídica y personal tienen los trabajadores por la adopción del acuerdo» y qué posibles «implicaciones y responsabilidades legales y fiscales de carácter personal, respecto a la Hacienda Pública» podría acarrear para los empleados del ente supramunicipal un eventual impago de su IRPF a la Agencia Tributaria estatal.

El sindicato -que no ha obtenido respuesta a su petición- advierte en las intenciones de la Diputación «cierta falta de legalidad»; certifica que lo que se planea es una «captación forzosa de tributantes» porque «no se puede tomar una decisión así sin la autorización de los trabajadores»; y avisa de que, en caso de que la Hacienda catalana no liquidara adecuadamente los impuestos a Agencia Tributaria española, esta última reclamaría el impago a los empleados.

Los problemas del fisco catalán

La Diputación, por el contrario, defiende que ella se «responsabilizaría» de cualquier retraso en la liquidación y señala que «no se pondrá en peligro al trabajador». Es el mismo argumento que exhiben, sin dar más explicaciones, los dirigentes de la Generalitat con respecto a sus funcionarios.

Cuando la Diputación ponga en marcha el pago del IRPF a la Hacienda catalana, ésta sólo podrá actuar como intermediaria e, inmediatamente, deberá transferir los tributos de los empleados del organismo supramunicipal a la Agencia Tributaria española.

El fisco catalán está teniendo notables problemas para conseguir que los ciudadanos catalanes tributen a título individual en sus ventanillas y les confíen sus datos fiscales, por ello el PP advierte en la maniobra de la Diputación una forma de ampliar la capacidad recaudatoria de la Hacienda autonómica.

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Barcelona, Ramón Riera, sospecha que los partidos independentistas buscan que la Agencia catalana recaude como intermediaria una cantidad cada vez mayor de dinero para, cuando sea lo suficientemente grande, dejar de ingresarlo a la Hacienda española.

El PP cree también que, cuando se lleve a cabo lo dispuesto en la moción, pueden crearse «lagunas de información», porque ninguna de las dos agencias, ni la catalana ni la estatal, «dispondrían del conjunto de datos» de los contribuyentes. Riera añade que la práctica podría considerarse «una forma de insumisión fiscal». Por ello, los populares han solicitado al interventor de la Diputación que avale la legalidad de esta nueva forma de liquidar los tributos y piden que se cuente con el consentimiento expreso de cada uno de los empleados.

Desde la Agencia Tributaria española recuerdan que ya hay varios ayuntamientos y algunas empresas que utilizan a la Agencia catalana como mediadora en el pago de impuestos. No supone un problema mientras los derive «en tiempo y forma» a la Hacienda española. Sin embargo, alertan también contra los riesgos de que la información de los contribuyentes pase por muchas manos, y advierten de que, en caso de que el pago se retrase por algún imprevisto o por cualquier otro motivo, los infractores se verían expuestos a recargos y otras sanciones, «como cualquier hijo de vecino».

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